La controversia persigue al asambleísta Santiago Díaz Asque, expulsado de la Revolución Ciudadana tras ser denunciado por la presunta violación de una niña de 12 años. La noticia toma un giro más polémico luego de revelarse que, apenas cinco días antes de que se conociera la denuncia, Díaz presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para permitir que adolescentes desde los 14 años puedan consentir legalmente relaciones sexuales.
El proyecto, entregado a la Presidencia de la Asamblea el 3 de julio de 2025, buscaba modificar la normativa que hoy califica como "irrelevante" el consentimiento de menores de 18 años en delitos sexuales. Díaz argumentó que la Corte Constitucional reconoció el derecho de adolescentes al “libre desarrollo de la personalidad y a decidir sobre su sexualidad”, justificando que el consentimiento desde los 14 años debería ser válido.
La propuesta fue inicialmente respaldada por 10 asambleístas de la bancada correísta, entre ellos Cristina Jácome, Franklin Samaniego y Roque Ordóñez, pero cuatro legisladores retiraron sus firmas al conocerse el trasfondo del caso. “Respaldé un proyecto para endurecer penas de femicidio, no para vulnerar derechos de niñas y adolescentes”, aclararon en redes sociales.
El proyecto aún no ha sido tratado en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), mientras la Fiscalía avanza en la investigación de la denuncia de violación contra Díaz, realizando allanamientos y recopilación de evidencias en este caso que sacude a la Asamblea Nacional.
Conclusión
El caso de Santiago Díaz refleja cómo las propuestas legislativas pueden estar cargadas de controversias éticas cuando se cruzan con denuncias graves. La sociedad y las autoridades deben vigilar de cerca este proceso para garantizar justicia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Ecuador.
