Por Redacción de Noticias | 29 de enero de 2026
El panorama político de Ecuador ha vuelto a sacudirse tras el operativo nacional ejecutado por la Fiscalía General del Estado durante la madrugada del 28 de enero. El objetivo principal fue la vivienda de Luisa González, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), en el marco de una investigación previa denominada Caso "Caja Chica". Esta indagación busca desentrañar el origen de los recursos que financiaron la lid electoral de 2023, bajo la sospecha de que dinero ilícito proveniente de Venezuela ingresó al país en efectivo.
El Corazón del Caso: La Ruta del Efectivo
La tesis del Ministerio Público sugiere que la campaña de González no solo se nutrió de aportes declarados, sino de una estructura paralela diseñada para inyectar recursos no rastreables. Según las primeras filtraciones, la investigación vincula a figuras clave como Santiago Díaz, exjefe de campaña y responsable económico, cuya gestión es ahora el centro del escrutinio judicial. La sombra de la duda se extiende también hacia el expresidente Rafael Correa y el excandidato Andrés Arauz, quienes han sido notificados dentro del proceso.
La Fiscalía sostiene que se utilizó un mecanismo de "caja chica" para cubrir gastos logísticos, movilizaciones y publicidad que no habrían sido reportados al Consejo Nacional Electoral (CNE). El presunto delito de lavado de activos se fundamenta en la introducción de divisas de origen extranjero que habrían sido "lavadas" mediante pequeñas transacciones y aportes de militantes que, según se sospecha, no tenían la capacidad económica para realizarlos.
Allanamientos y Reacción de Luisa González
El operativo, que incluyó la incautación de dispositivos electrónicos, computadoras y documentos, fue calificado por Luisa González como una "persecución política" orquestada desde el Ejecutivo. En una rueda de prensa posterior, González denunció que la justicia está siendo utilizada como un arma para inhabilitar a las voces opositoras antes de los próximos ciclos electorales.
"Es vergonzoso que me allanen basándose en una denuncia secreta. ¿Quién denunció? ¿Bajo qué pruebas? Esto es un acto reservado solo para ocultar que no tienen nada. No encontrarán más que mis herramientas de trabajo, porque nuestra campaña fue transparente", afirmó la líder de la Revolución Ciudadana.
Por su parte, Rafael Correa reaccionó desde Bélgica a través de sus redes sociales, arremetiendo contra el gobierno de Daniel Noboa, a quien acusa de presionar a la Fiscalía para desviar la atención de la crisis energética y económica que atraviesa el país.
Fisuras en el Correísmo
El caso "Caja Chica" no solo ha generado un enfrentamiento externo, sino que ha profundizado las grietas internas en el movimiento. Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas y exdirigente del partido, tomó distancia al declarar que cada candidato es responsable exclusivo del manejo de sus fondos de campaña, sugiriendo que la directiva actual debe responder ante la justicia sin arrastrar a toda la estructura del movimiento. Esta postura provocó una respuesta ácida de Correa, quien criticó la "falta de lealtad" en momentos de crisis.
Impacto en la Estabilidad Nacional
La gravedad de las acusaciones y la movilización de la militancia correísta han puesto al país en alerta. El presidente Daniel Noboa, quien se encontraba en Panamá, decidió suspender su agenda internacional y regresar a Ecuador ante lo que calificó como una "emergencia de seguridad política". El gobierno sostiene que no interfiere en las decisiones de la Fiscalía, pero el ambiente de polarización sugiere que el caso "Caja Chica" será el epicentro de la disputa política durante los próximos meses.
A medida que la instrucción fiscal avance, se espera que el CNE entregue los reportes de gasto electoral para contrastarlos con los hallazgos de los allanamientos. El futuro de Luisa González y su posible candidatura en futuras elecciones dependen ahora de un hilo judicial que parece estar lejos de cortarse.
