Quito, 2 de enero del 2026
Cámara de Minería respalda el cierre definitivo de la minería ilegal en Ecuador.
La Cámara de Minería del Ecuador manifestó su respaldo a la decisión del Gobierno Nacional de clausurar de manera total las actividades de extracción minera ilícita que operan en distintas zonas del país, al considerar que esta práctica genera graves afectaciones ambientales, sociales y de seguridad.
El pronunciamiento surge en un contexto de creciente preocupación por el avance de la minería ilegal, especialmente en provincias amazónicas, donde se ha reportado la contaminación de ríos y la degradación de ecosistemas estratégicos. Comunidades locales y organizaciones ambientales han advertido que estas actividades ponen en riesgo las fuentes de agua y la salud de la población.
Respaldo institucional y cooperación con el Estado
La presidenta de la Cámara de Minería, María Eulalia Silva, señaló que el gremio coincide con la necesidad de frenar de forma contundente la extracción ilícita de minerales, aclarando que la institución no mantiene empresas afiliadas que operen en las zonas actualmente intervenidas. En ese sentido, enfatizó que los daños ambientales provocados por la minería ilegal superan ampliamente cualquier beneficio económico inmediato.
Asimismo, la Cámara expresó su disposición de colaborar con el Estado en el fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y regulación, con el objetivo de promover una minería legal que cumpla con estándares técnicos, ambientales y sociales.
Una problemática de alcance nacional
La minería ilegal continúa siendo uno de los principales desafíos para el país, debido a su vinculación con la deforestación, la contaminación por sustancias tóxicas y el incremento de conflictos sociales. Frente a este escenario, diversos sectores han coincidido en la necesidad de adoptar medidas firmes para erradicar estas prácticas y garantizar una gestión responsable de los recursos naturales.
Desde el gremio minero se insistió en que el desarrollo del sector debe basarse en la legalidad, la sostenibilidad y el respeto a las comunidades, como única vía para asegurar beneficios económicos sin comprometer el patrimonio ambiental del Ecuador.
