La Contraloría General del Estado está facultada para eliminar, destruir o borrar de forma segura documentos físicos y digitales que contengan información clasificada como reservada, secreta o secretísima. La atribución fue incluida en la Ley para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, publicada en el Registro Oficial.
La modificación a la Ley Orgánica de la Contraloría establece que la entidad podrá proceder con la eliminación de información, mediante resolución debidamente motivada y observando estrictas medidas de seguridad institucional. Los documentos susceptibles de ser eliminados deben estar relacionados con procesos, actuaciones, exámenes especiales, auditorías o expedientes institucionales, dentro de un plazo de 30 días calendario.
Sin embargo, la ley precisa que no podrá disponerse la eliminación de información relacionada con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes o responsabilidades civiles, administrativas o indicios de responsabilidad penal no prescritos.
La norma fue aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional y sancionada por el presidente Daniel Noboa. Aunque su objetivo principal es sancionar el uso delictivo de uniformes de la Policía y Fuerzas Armadas, la bancada de ADN incorporó esta disposición que modifica las facultades del órgano de control.
La ley establece que la Contraloría deberá expedir la normativa secundaria necesaria para regular los procedimientos aplicables a la ejecución de esta nueva facultad. A partir de su publicación en el Suplemento N.º 316 del Registro Oficial, la entidad ya puede emitir dicha regulación.
