Quito, 31 de diciembre del 2025
Al menos 30 personas de la comunidad LGBTIQ+ fueron asesinadas en 2025.
Durante el año 2025, se contabilizaron al menos 30 asesinatos de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, una cifra que refleja la persistencia de la violencia basada en prejuicios y discriminación. Los datos han sido recopilados por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, que advierten sobre un escenario de riesgo constante para esta población.
De acuerdo con los colectivos, varios de los casos presentan características propias de crímenes de odio, como niveles extremos de violencia, amenazas previas, ensañamiento o la orientación sexual e identidad de género como posibles motivaciones del ataque. Sin embargo, en muchos procesos judiciales estos elementos no han sido plenamente considerados, lo que dificulta que los hechos sean tipificados adecuadamente.
Activistas señalan que una parte significativa de los asesinatos permanece en etapas preliminares de investigación, mientras que otros no han registrado avances sustanciales. Esta situación ha generado preocupación por la impunidad, así como por la falta de estadísticas oficiales consolidadas que permitan dimensionar con precisión la magnitud del problema.
Además de la violencia letal, organizaciones LGBTIQ+ advierten que estos crímenes se producen en un contexto más amplio de exclusión social, discursos de odio y estigmatización, factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas diversas, especialmente de mujeres trans y personas no binarias.
Frente a este panorama, colectivos y defensores de derechos humanos han reiterado su llamado a las autoridades para fortalecer las políticas públicas de prevención, capacitar a operadores de justicia en enfoque de género y diversidad, y garantizar investigaciones diligentes, imparciales y con enfoque de derechos humanos. Asimismo, insisten en la necesidad de campañas educativas que promuevan el respeto y la no discriminación.
Los asesinatos registrados en 2025 vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la protección efectiva de la vida y la integridad de las personas LGBTIQ+, así como la responsabilidad del Estado en la erradicación de toda forma de violencia motivada por prejuicios.
