La relación entre la Contraloría General del Estado (CGE) y el Municipio de Quito ha llegado a un punto de tensión máxima debido a informes cruciales que afectan la gestión de dos pilares del transporte capitalino: el Metro de Quito y la adquisición de nuevos trolebuses.
El foco principal de la controversia se centra en el Metro de Quito, el proyecto de infraestructura más grande y costoso de la historia de la ciudad. La CGE aprobó un informe de auditoría que, según reportes, identifica serias irregularidades en la fase de construcción y operación. Estas anomalías no solo se traducen en glosas millonarias sugeridas contra funcionarios y contratistas, sino que también apuntan a indicios de responsabilidad penal que podrían escalar a la Fiscalía. Las presuntas irregularidades abarcarían desde sobreprecios en contratos hasta incumplimientos en la fiscalización de obras, poniendo en tela de juicio la transparencia y la eficiencia con la que se manejaron los recursos públicos en este proyecto vital. La publicación de este informe presiona a la administración municipal a responder legal y administrativamente sobre las fallas detectadas, mientras los ciudadanos exigen claridad sobre el futuro financiero y operativo del servicio.
Paralelamente, el Municipio de Quito ha reaccionado con vehemencia al rechazar un informe previo de la Contraloría relacionado con la adquisición de una flota de trolebuses eléctricos. Esta adquisición, crucial para modernizar el sistema de transporte y alinearse con objetivos ambientales, fue objeto de escrutinio por parte del ente de control, que habría encontrado observaciones sobre los procesos de contratación o las especificaciones técnicas de los vehículos. La administración municipal ha argumentado que el informe carece de sustento técnico o jurídico, defendiendo la legalidad y la necesidad de la compra. Este rechazo marca una escalada en la disputa institucional, evidenciando un profundo desacuerdo sobre la forma en que se deben interpretar y aplicar las normativas de control. La ciudadanía observa con preocupación esta "guerra de informes", ya que la estabilidad y la calidad del transporte público, tanto subterráneo como superficial, dependen de la correcta resolución de estos litigios. El desenlace de estas investigaciones definirá no solo el futuro de varios funcionarios, sino la credibilidad de la gestión municipal en el manejo de megaproyectos. La Contraloría, por su parte, mantiene su postura de defender los hallazgos, subrayando su papel como garante del buen uso de los fondos públicos en Ecuador.
