Desde la reforma constitucional de 2008, Ecuador ha visto nacer a 38 empresas públicas, de las cuales en la actualidad solo sobreviven 11. La más reciente fue creada por el presidente Daniel Noboa para gestionar el Abastecimiento y Logística de Salud, lo que evidencia que la figura sigue siendo utilizada por los diferentes gobiernos.
El problema no radica solo en la creación, sino en la dificultad para fusionar, liquidar o extinguir estas entidades una vez que han cumplido su ciclo o se han vuelto insostenibles. Este fenómeno se ha repetido en las últimas administraciones, generando un déficit fiscal y dolores de cabeza administrativos.
Un caso emblemático es el de Correos del Ecuador, cuya liquidación ha sido prorrogada en seis ocasiones desde 2020. Esta empresa, creada en 2010 durante el gobierno de Rafael Correa, no ha podido ser extinguida a pesar de los intentos de los mandatarios que le sucedieron.
Expertos en administración pública señalan que la falta de una normativa clara y eficiente para la extinción de estas compañías estatales ha generado un pasivo laboral y financiero que se acumula con el paso de los años. La burocracia y los intereses políticos también juegan un rol importante en este estancamiento.
La creación de la nueva empresa para el área de salud por parte del Ejecutivo actual reabre el debate sobre si es necesario contar con más entidades públicas o si se debería priorizar la eficiencia y transparencia de las ya existentes. La pregunta que surge es si el país necesita más empresas del Estado o una mejor gestión de las que ya tiene.
