Quito, 31 de octubre del 2025.
Gobierno extiende contratos de Claro y Movistar hasta 2038 con nuevos compromisos sociales.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa confirmó la extensión de los contratos de concesión con las empresas Claro (Conecel S.A.) y Movistar (Otecel S.A.), permitiéndoles seguir operando en el país hasta el año 2038.
La renovación de los llamados “títulos habilitantes”, que otorgan el derecho a prestar servicios de telefonía móvil, unifica los plazos de ambas operadoras y asegura su continuidad en el mercado ecuatoriano.
Acuerdos y beneficios
Según lo informado por las autoridades, dentro del nuevo convenio se establece que el 1 % de las ventas anuales de las operadoras será destinado a un fideicomiso, orientado a fortalecer la educación y la tecnología. Este fondo servirá para financiar becas, equipamiento educativo y proyectos de innovación digital.
El Gobierno destacó que el proceso de negociación tomó varios meses, ya que el contrato original, firmado en 2008, había vencido en 2023 y se mantenía vigente gracias a prórrogas temporales.
Por otro lado, la renovación se da en medio de cambios en el sector: la firma española Telefónica vendió sus operaciones a Millicom International Cellular S.A., que asumirá la marca Tigo en reemplazo de Movistar.
Objetivos del Estado
El Ejecutivo señaló que esta medida busca garantizar la estabilidad del servicio móvil, impulsar la modernización tecnológica (incluida la expansión del 5G) y generar ingresos adicionales para el Estado, destinados a proyectos de educación y conectividad.
Aunque el monto total del acuerdo no ha sido revelado oficialmente, en la proforma presupuestaria 2025 se contemplan cerca de USD 460 millones por concesiones del espectro radioeléctrico.
Declaraciones y expectativas
El presidente Noboa calificó la firma como una “decisión estratégica para el país”, destacando que los nuevos compromisos de cobertura y calidad permitirán un mejor servicio a los usuarios.
Con esta renovación, Ecuador asegura un marco regulatorio estable en el sector de telecomunicaciones por los próximos 13 años, fortaleciendo la relación entre el Estado y las principales operadoras del país.
