El resultado de la Consulta Popular 2025, donde el electorado ecuatoriano se pronunció mayoritariamente en contra de la posibilidad de establecer bases militares extranjeras en su territorio, ha generado un profundo quiebre en la estrategia de seguridad nacional e internacional del país. Este "No" categórico, aunque se enmarca en principios de soberanía y no intervención, obliga al Gobierno a sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones con Estados Unidos y otros socios estratégicos para redefinir los términos de la cooperación militar y de inteligencia en un contexto de escalada de violencia y crimen organizado transnacional.
El Dilema de la Soberanía vs. la Seguridad
La pregunta de la consulta que abordaba la presencia de bases militares tocó una fibra sensible en la memoria histórica ecuatoriana, asociada a experiencias pasadas como la base de Manta, que fue un foco de debate sobre la soberanía territorial. El triunfo del "No" refleja el deseo ciudadano de mantener la exclusividad del control militar sobre el territorio nacional.
Sin embargo, esta decisión llega en un momento de crisis de seguridad sin precedentes. El Ecuador ha sido catalogado en múltiples ocasiones como un "país en conflicto armado interno" debido al avance de grupos de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo. Ante esta realidad, la cooperación internacional, especialmente con una potencia como Estados Unidos con vastos recursos tecnológicos y de inteligencia, se vuelve indispensable.
El reto principal para el Estado ecuatoriano ahora es encontrar un punto de equilibrio entre la defensa de la soberanía popular y la necesidad operativa. El Gobierno del presidente Daniel Noboa debe diseñar un nuevo marco legal y operativo que permita la asistencia extranjera sin caer en la figura de una "base militar" permanente.
Redefinición de la Cooperación con EE. UU.
Tras la consulta, las discusiones con la delegación estadounidense han cambiado de foco. Ya no se trata de discutir la instalación de infraestructura militar permanente, sino de potenciar y acelerar otro tipo de colaboración, incluyendo:
- Presencia Rotatoria y Temporal: Se espera un incremento en las operaciones de entrenamiento conjuntas y ejercicios militares, pero bajo la figura de "presencia temporal y rotatoria". Esto significa que las tropas y el equipo técnico de EE. UU. podrán ingresar al país para misiones específicas (como entrenamiento antidrogas o apoyo logístico), pero deberán salir una vez concluidas.
- Intercambio de Inteligencia y Tecnología: El enfoque se dirige a la transferencia de tecnología de vigilancia y el fortalecimiento del intercambio de inteligencia para desmantelar las redes financieras y operativas de los grupos criminales. Esto incluye software avanzado, hardware de monitoreo y asesoría experta en ciberseguridad.
- Donaciones de Equipamiento: Es probable que se aceleren las donaciones de equipos militares y policiales (como lanchas rápidas, vehículos blindados, y equipos de comunicación) para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, permitiendo al país mejorar su capacidad de respuesta sin depender de bases fijas.
Los Desafíos Operacionales y Políticos
El principal desafío operativo es que la presencia rotatoria, aunque respeta la soberanía, es menos efectiva a largo plazo que una base establecida para la logística y el mantenimiento de equipos sofisticados. Además, la capacitación constante del personal ecuatoriano se vuelve más costosa y fragmentada.
En el ámbito político, el Gobierno debe ahora convencer a la opinión pública y a la Asamblea Nacional de que la cooperación intensificada no es una "base disfrazada". Cada acuerdo de cooperación y cada ejercicio militar requerirá una transparencia total y una justificación clara ante el escrutinio público para evitar la polarización política.
Expertos en seguridad señalan que Ecuador necesita urgentemente fortalecer su capacidad de interdicción marítima y aérea, y es ahí donde la ayuda de EE. UU. puede ser más crítica. La costa ecuatoriana es un punto clave en la ruta del narcotráfico, y el país carece de los medios para patrullar eficazmente su extenso mar territorial. Los nuevos acuerdos deben priorizar la vigilancia costera y el control del espacio aéreo, asegurando que las fuerzas ecuatorianas adquieran la autonomía necesaria para manejar la crisis a mediano plazo.
En conclusión, el "No" de la consulta no cierra la puerta a la cooperación internacional, sino que la obliga a madurar hacia modelos más flexibles y soberanos. El futuro de la seguridad ecuatoriana depende de la habilidad del Gobierno para negociar una asistencia crítica sin comprometer el principio de soberanía votado por la ciudadanía.
