03 de julio de 2025
Con la entrada en vigencia de la Ley de Integridad, el Gobierno del Ecuador ha establecido un nuevo marco legal para el cálculo de las indemnizaciones por despido intempestivo en el sector público. A partir del 26 de junio de 2025, el monto máximo que un servidor público podrá recibir será de 12 salarios básicos unificados, lo que equivale actualmente a USD 5.520.
Esta medida aplica para todas las instituciones del Estado, incluidas las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, universidades y entidades autónomas. Con ello, se elimina el sistema anterior, en el que la indemnización podía ser considerablemente mayor dependiendo de los años de servicio del trabajador.
📌 ¿A quiénes aplica esta ley?
La norma rige únicamente para servidores públicos despedidos a partir de su publicación en el Registro Oficial. No tendrá efecto retroactivo, y tampoco se aplicará en los siguientes casos:
- Renuncias voluntarias
- Destituciones derivadas de sumarios administrativos
- Procesos disciplinarios internos con resolución legal
Según el Gobierno, esta medida busca ordenar las finanzas públicas y evitar indemnizaciones desproporcionadas que afectan el presupuesto estatal. En contextos anteriores, ciertos despidos generaban pagos superiores a USD 100.000 por funcionario.
No obstante, sectores sindicales y analistas laborales han expresado su preocupación, señalando que la nueva ley podría debilitar la estabilidad laboral en el sector público y desalentar la carrera administrativa. Argumentan que un tope único no reconoce la trayectoria ni el compromiso de los funcionarios con décadas de servicio.
🔍 ¿Qué otros cambios trae esta ley?
La Ley de Integridad también incluye reformas para evitar conflictos de interés entre funcionarios y contratistas del Estado, regula la puerta giratoria entre lo público y privado, y exige mayor transparencia en las declaraciones patrimoniales.
Con estas reformas, el Gobierno espera mejorar la confianza en la gestión pública y reducir prácticas que podrían dar paso a corrupción o beneficios indebidos.
