La Superintendencia de Bancos ha iniciado un proceso administrativo sancionador contra Banco Pichincha por las recurrentes fallas tecnológicas que afectaron gravemente a sus canales digitales en las últimas semanas. Esta medida se da luego de múltiples reportes ciudadanos sobre la imposibilidad de realizar transferencias, demoras en transacciones y la falta de actualización en los saldos de la banca móvil y virtual.
La institución financiera, que alberga a más de seis millones de clientes, admitió públicamente nuevas intermitencias en sus servicios el lunes 4 de agosto, desmintiendo rumores sobre un supuesto cierre del banco. Sin embargo, la ola de incertidumbre provocó largas filas en cajeros y agencias físicas, mientras muchos usuarios acudían de manera presencial para verificar el estado de sus cuentas y retirar fondos.
¿Qué implica el proceso sancionador?
El procedimiento activado por la Superintendencia está amparado en el artículo 263, numeral 1, del Código Orgánico Monetario y Financiero, que contempla como infracciones leves ciertas irregularidades cometidas por entidades del sistema financiero.
Estas faltas incluyen desde la modificación no autorizada de horarios de atención hasta la entrega de reportes con errores y la falta de comunicación oportuna con los accionistas y clientes. En este marco, Banco Pichincha podría enfrentar una multa de hasta USD 194 930, cifra que equivale al 0,001 % de sus activos, que al cierre de 2024 ascendieron a USD 19 493 millones.
Un historial de fallos tecnológicos
Este episodio se suma a una cadena de problemas recurrentes en los canales digitales de Banco Pichincha. A pesar de haber implementado protocolos de supervisión y contar con un equipo técnico asignado por la Superintendencia desde el pasado 25 de julio, los inconvenientes persisten, afectando la confianza del público en el banco más grande del país.
Mientras tanto, el proceso sancionador podría extenderse hasta por dos meses, durante los cuales la entidad financiera tiene la posibilidad de presentar descargos o impugnaciones.
Conclusión
La posible multa de casi USD 200 mil no solo representa una sanción económica para Banco Pichincha, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de garantizar la estabilidad tecnológica en servicios financieros de alta demanda. En una era donde la digitalización es clave, la confianza del cliente depende directamente de la eficiencia y transparencia del sistema bancario.
