Quito, Diciembre 4, 2025 – La Contraloría General del Estado (CGE) ha emitido un golpe contundente contra las administraciones que gestionaron la fase crucial de construcción y operación preliminar del Metro de Quito. Tras meses de exhaustiva auditoría y análisis de la documentación financiera, contractual y administrativa, el informe final fue aprobado, ratificando la existencia de múltiples indicios de responsabilidad penal y estableciendo millonarias glosas que, según estimaciones preliminares, podrían superar los $40 millones de dólares.
Este documento, que ha generado gran expectativa y tensión en el ámbito político capitalino, se centra en diversas irregularidades detectadas principalmente en la etapa de fiscalización de la obra, la gestión de contratos de subcontratación y el cumplimiento de aspectos técnicos y ambientales. La CGE ha determinado que la falta de rigurosidad en la supervisión de la obra no solo puso en riesgo la calidad final del proyecto, sino que también generó perjuicios económicos significativos para el erario público.
El Detalle de las Irregularidades
El informe detalla específicamente que las fallas en la fiscalización de la obra, un proceso vital para un proyecto de esta magnitud, permitieron que se realizaran pagos sin la debida justificación técnica y contractual. Se presume que existió una permisividad injustificada con los constructores y contratistas, lo que derivó en la aplicación inadecuada de multas, retrasos no penalizados y ajustes de precios que no contaron con el respaldo técnico o legal necesario.
Otro punto crucial abordado por la CGE es la estructura de subcontratación. La auditoría examinó minuciosamente cómo se adjudicaron contratos a empresas secundarias, encontrando posibles conflictos de intereses y la falta de transparencia en los procesos de selección. En algunos casos, se identificó que los montos pagados a los subcontratistas superaban ampliamente los valores de mercado o que los servicios prestados no se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas iniciales.
La responsabilidad penal no solo recaería sobre funcionarios de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ), sino también sobre exfuncionarios de la administración municipal de turno y posiblemente personal de las empresas fiscalizadoras externas. Los indicios de responsabilidad penal, de ser confirmados por la Fiscalía General del Estado, podrían llevar a procesos por peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho, dado el volumen de fondos públicos involucrados.
Las Glosas Millonarias: Impacto Económico
Las glosas millonarias son la sanción económica directa que la CGE impone a los responsables de las irregularidades financieras. Estas glosas, que deben ser cubiertas por los exfuncionarios involucrados, representan el daño patrimonial cuantificado. La cifra exacta será objeto de un proceso de notificación individual y defensa, pero el hecho de que la Contraloría las haya establecido en el informe final demuestra la solidez de las evidencias sobre el mal manejo de fondos.
El proceso de defensa de los involucrados iniciará ahora una fase administrativa ante la misma Contraloría. Sin embargo, la ratificación de los indicios penales obliga a que el expediente sea trasladado de manera inmediata a la Fiscalía, que deberá iniciar la etapa de investigación previa para determinar si existen elementos suficientes para formular cargos.
Reacciones Políticas y Futuro del Proyecto
La noticia ha generado una oleada de reacciones en el Concejo Metropolitano de Quito. Varios concejales han exigido la inmediata comparecencia de los exgerentes de la EPMMQ y de los exalcaldes que estuvieron a cargo del proyecto durante los periodos auditados. Se espera que el actual Administración Municipal tome acciones legales complementarias, buscando recuperar los fondos públicos malversados y sentar un precedente de transparencia en la gestión de megaobras.
El Metro de Quito, a pesar de estar finalmente operativo y siendo utilizado por miles de ciudadanos diariamente, sigue arrastrando una pesada sombra de cuestionamientos administrativos y legales desde su concepción. Este informe de la Contraloría no solo busca sancionar el pasado, sino también blindar la gestión futura del sistema de transporte masivo, asegurando que los recursos destinados a su mantenimiento y operación se manejen con la debida probidad.
En conclusión, la aprobación de este informe marca un punto de inflexión. Se espera que en los próximos días la Fiscalía inicie las diligencias y se cite a rendir versión a los primeros sospechosos. La ciudadanía espera que este proceso se lleve a cabo con celeridad y que los responsables de este presunto desfalco a la capital enfrenten las consecuencias judiciales y económicas correspondientes. La búsqueda de la justicia y la recuperación de activos públicos se convierte ahora en una prioridad para las autoridades.
