El presidente Daniel Noboa declaró este martes, 16 de septiembre de 2025, el estado de excepción en siete provincias del Ecuador tras varios días de intensas protestas. Las manifestaciones se detonaron luego de que el Gobierno anunciara la eliminación del subsidio al diésel automotriz, lo que provocó bloqueos de carreteras, concentraciones en plazas públicas y enfrentamientos con la Policía en distintas zonas del país.
Las provincias incluidas en esta medida son Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, regiones que han registrado los mayores focos de resistencia ciudadana. Según el Ejecutivo, el objetivo es “restablecer el orden, garantizar la libre movilidad y proteger infraestructuras estratégicas del Estado”.
El anuncio de la retirada del subsidio al diésel elevó el precio de este combustible de 1,80 dólares a 2,80 dólares por galón, un alza que golpea directamente a los sectores del transporte público, la carga pesada y la producción agrícola. Estos gremios han liderado las manifestaciones, señalando que el incremento impacta sus costos y, en consecuencia, encarecerá los productos de primera necesidad.
Los movimientos sociales, sindicatos y colectivos ciudadanos han pedido al Gobierno reconsiderar la medida o establecer un plan de compensaciones más amplio. En Quito, cientos de manifestantes intentaron llegar al centro histórico, mientras que en provincias como Cotopaxi y Azuay se han reportado bloqueos de carreteras y suspensión de clases en varias instituciones educativas.
La respuesta del Gobierno
En una cadena nacional, el presidente Noboa afirmó que “la estabilidad económica del país exige decisiones firmes y responsables”. Defendió la eliminación del subsidio como una medida necesaria para sanear las finanzas públicas y redirigir recursos hacia salud, educación y seguridad.
“Ecuador no puede seguir sosteniendo un subsidio que beneficia más al contrabando y a sectores privilegiados que al ciudadano común”, señaló el mandatario. Noboa además garantizó que se activarán programas de compensación económica dirigidos al transporte público, así como subsidios focalizados para proteger a los sectores más vulnerables.
La declaratoria de excepción permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional coordinar acciones conjuntas, controlar el tránsito y dispersar concentraciones que afecten el orden público. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han pedido que estas medidas no deriven en abusos de fuerza ni represión excesiva.
Reacciones y división social
Las reacciones no se hicieron esperar. El FUT (Frente Unitario de Trabajadores) anunció que se mantendrán en las calles hasta que se revierta la decisión. “El estado de excepción no puede callar el hambre del pueblo”, expresaron en un comunicado.
En contraste, sectores empresariales respaldaron la decisión del Gobierno, argumentando que es un paso necesario para corregir distorsiones económicas y atraer inversión. “El país no puede seguir subsidiando combustibles a costa del desarrollo”, afirmó el presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha.
A nivel ciudadano, la polarización es evidente: mientras algunos apoyan la eliminación del subsidio y ven las protestas como un retroceso, otros sienten que las medidas golpean directamente a la clase trabajadora y podrían derivar en un incremento generalizado de precios.
Impacto político y lo que viene
La situación coloca al Gobierno de Noboa en una posición delicada. Si bien el mandatario busca consolidar su imagen de firmeza y responsabilidad fiscal, enfrenta el riesgo de un desgaste político acelerado si las protestas se intensifican.
Expertos advierten que un manejo inadecuado de la crisis podría recordar episodios pasados de movilización social que terminaron con presidentes debilitados o incluso con renuncias anticipadas. Por ello, será clave el diálogo con los sectores sociales y la aplicación de medidas compensatorias creíbles que puedan aliviar la tensión.
El estado de excepción tiene una duración inicial de 30 días, aunque puede ser prorrogado si las condiciones de conflictividad persisten. Mientras tanto, el Ecuador enfrenta un escenario de incertidumbre en medio de un complejo panorama económico y social.
