La Casa Blanca ha dado un paso firme en su estrategia de presión contra el gobierno de Venezuela, formalizando la designación del grupo conocido como "Cártel de los Soles" como una Organización Terrorista Extranjera (OTE). Esta decisión, efectiva a partir del 24 de noviembre de 2025, es la culminación de meses de advertencias y acusaciones, y representa una significativa escalada en la confrontación geopolítica entre Washington y Caracas. El Departamento de Estado de Estados Unidos argumenta que esta designación se debe a que el Cártel de los Soles, cuya base de operaciones se encuentra en Venezuela, está "dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo".
La designación como OTE no es meramente simbólica. Otorga al gobierno estadounidense un arsenal de herramientas legales y financieras para imponer sanciones más estrictas, bloquear activos y perseguir a cualquier persona o entidad que se considere que apoya materialmente a la organización. La intención declarada por Washington es "utilizar todos los medios a su alcance para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar la financiación y los recursos a los narcoterroristas".
El "Cártel de los Soles" recibe su nombre de las insignias militares (los soles) que portan los oficiales de alto rango en los uniformes venezolanos, una alusión directa a la presunta participación de miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) en actividades de narcotráfico y corrupción. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de ser el principal responsable de facilitar el tráfico de droga colombiana a través del territorio venezolano con destino a Estados Unidos. Las acusaciones se agravan con la vinculación del Cártel a otras organizaciones criminales transnacionales, como el peligroso Tren de Aragua y el poderoso Cártel de Sinaloa de México.
No obstante, la naturaleza del Cártel de los Soles es un tema de intenso debate incluso entre los expertos. Analistas como Adam Isaacson, director de supervisión de defensa en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), han señalado que la organización "no es un grupo" en el sentido tradicional. "No es como un grupo en el que la gente se identifique como miembros. No tienen reuniones regulares. No tienen una jerarquía clara", explicó Isaacson. Más bien, se trataría de una red de funcionarios corruptos dentro de la estructura estatal que utiliza el poder militar y político para proteger y facilitar el tráfico de drogas.
La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro fue inmediata y vehemente. En un comunicado transmitido por la televisión estatal, el gobierno negó categóricamente la existencia de tal cartel y calificó la designación como una "ridícula patraña", parte de una campaña para "justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela". Funcionarios venezolanos han respondido a la acusación sugiriendo que Estados Unidos debería concentrar sus esfuerzos en Ecuador, país que, según ellos, es el principal punto de exportación de cocaína en la región, un contrapunto que refleja la dinámica geopolítica del narcotráfico en el hemisferio.
Esta nueva medida coercitiva de EE. UU. se da en un momento de creciente tensión en la región y de renovadas discusiones sobre el futuro político de Venezuela. La designación de OTE, junto con la reciente duplicación a $50 millones de dólares de la recompensa ofrecida por el Departamento de Justicia por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, añade una presión financiera y diplomática significativa. La jugada de Washington busca estrangular las fuentes de financiación del régimen y deslegitimar aún más a sus líderes a ojos de la comunidad internacional, consolidando un marco de "narcoterrorismo" que permite la aplicación de las leyes estadounidenses con mayor severidad. En última instancia, esta designación no solo impacta a Caracas, sino que también pone en alerta a otras organizaciones criminales y regímenes acusados de operar bajo la sombra de la corrupción estatal en el continente.
