Internacional

Fiscal general de EE. UU. confirma cargos federales contra el presidente venezolano y su esposa.

Publicado por:
Journalist: John Jairo G.A
Publicado en:
January 03, 2026
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Quito, 3 de enero del 2025

Estados Unidos formaliza acusaciones por narcotráfico contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. 


La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ratificó este sábado que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron acusados formalmente ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por una serie de delitos federales vinculados al narcotráfico y al terrorismo, en un proceso que se considera uno de los más delicados iniciados por Washington contra un jefe de Estado en ejercicio.

De acuerdo con la funcionaria, las imputaciones comprenden conspiración para cometer narcoterrorismo, coordinación para el ingreso de grandes cargamentos de cocaína a territorio estadounidense, posesión de armas automáticas y artefactos destructivos, así como asociación para el uso de armamento pesado con fines criminales contra Estados Unidos.

Bondi sostuvo que tanto Maduro como Flores deberán comparecer ante la justicia estadounidense y enfrentarán los cargos conforme a la legislación federal vigente. En un pronunciamiento público, la fiscal agradeció el respaldo del presidente Donald Trump y destacó el rol de las agencias federales involucradas en la investigación y ejecución del operativo.

La confirmación de los cargos se produjo tras un operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses en Venezuela, que, según el gobierno de EE. UU., permitió la detención y traslado de la pareja fuera del país, un hecho sin precedentes en la relación bilateral entre Caracas y Washington.

Las autoridades estadounidenses aseguran que el caso documenta la utilización de estructuras estatales venezolanas para facilitar redes de narcotráfico internacional, así como actividades que representarían una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El anuncio provocó reacciones divididas en la comunidad internacional. Mientras algunos gobiernos cuestionaron la acción por considerarla una vulneración a la soberanía venezolana, otros actores políticos respaldaron la medida como parte de la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Este proceso judicial marca un punto de inflexión en el vínculo diplomático entre ambos países y abre un nuevo escenario con implicaciones políticas, legales y geopolíticas para la región.

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