Publicado por:
Fernando J.
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August 04, 2025
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Quito,04 julio 2025 — El gobierno del presidente Daniel Noboa impulsó una reforma institucional mediante el Decreto Ejecutivo N.º 60, que redujo el número de ministerios de 20 a 14 y las secretarías de 9 a solo 3, como parte de un plan de eficiencia administrativa. Entre las medidas más controvertidas se destaca la fusión del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) con el Ministerio de Energía y Minas.
🔄 Un cambio estructural con potencial conflicto de intereses
- El MAATE, con un presupuesto anual de alrededor de USD 43 millones y más de 2.100 empleados, fue subordinado a la cartera de Energía, que cuenta con casi USD 279 millones y gestiona proyectos extractivos estratégicos.
- Esa subordinación significa que la misma entidad que promueve proyectos mineros y petroleros será también responsable de otorgar licencias ambientales, generando preocupación por la pérdida de imparcialidad en la evaluación de dichos proyectos.
📣 Reacciones críticas: ambientalistas, indígenas y expertos nacionales
- Organizaciones como Yasunidos, Amazon Frontlines, la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y Ambiente (CEDENMA), y WWF-Ecuador han calificado la decisión como un retroceso institucional y un "desmantelamiento de la justicia ambiental".
- Helena Gualinga, activista indígena, advirtió que con esta fusión el “control ambiental pasa a manos de mineras y petroleras”, debilitando la protección de territorios indígenas y ecosistemas sensibles.
- Tarsicio Granizo, director de WWF Ecuador y exministro del Ambiente, lamenta que la medida "pone en riesgo los principios del desarrollo sostenible" y advierte sobre conflictos de interés entre regulación y extracción.
🏛️ Justificación oficial versus críticas ciudadanas
- Desde el Ejecutivo, la vocera Carolina Jaramillo aseguró que las fusiones no afectarán los servicios públicos y que forman parte de una reorganización orientada a reducir la burocracia y agilizar decisiones.
- Sin embargo, el proceso incluyó la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos, lo que ha sido interpretado por críticos como una medida autoritaria sin precedentes y sin evaluación técnica transparente ni consulta pública.
🌱 Riesgos constitucionales y normativos
- La Constitución ecuatoriana garantiza que el Estado sea "juez y parte" en procesos de licenciamiento ambiental, independiente de intereses privados o estatales (Art. 76, 82) y asegura el derecho a un ambiente sano (Art. 14 y 395).
- Al fusionar la entidad reguladora (MAATE) con la promotora de proyectos extractivos, se compromete ese régimen de control técnico-científico e independiente, favoreciendo decisiones con criterio político-económico sobre el bien común.
🔍 Consecuencias políticas y sociales
- Movilización social: ambientalistas, académicos, sindicatos, pueblos indígenas y artistas han convocado protestas y demandas como parte de una nueva Asamblea Nacional Socioambiental para frenar la medida y exigir transparencia.
- Impacto sobre compromisos internacionales: esta fusión ha generado alarma de organizaciones internacionales frente a la debilidad del compromiso ecológico de Ecuador y su papel en la COP30 frente al cambio climático.
🧭 Perspectiva general
ElementoDetallesFecha del decreto | Julio 24–30, 2025, mediante Decreto Ejecutivo N.º 60
Objetivo gubernamental | Reducir institucionalidad, optimizar presupuesto, agilizar licencias
Ministerios fusionados | Ambiente (MAATE) incorporado al Ministerio de Energía y Minas
Presupuesto comparativo | MAATE: USD 43M / Energía y Minas: USD 279M
Principales críticas | Conflicto de interés, debilitamiento institucional, riesgos ambientales
Actores principales críticos | Ambientalistas, pueblos indígenas, exministros, ONG como WWF
Reacción social | Protestas, convocatorias ciudadanas y reclamos ante organismos internacionales
