Miles de jubilados y afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se movilizaron frente a la Asamblea Nacional para manifestar su rechazo al proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, remitido por el presidente Daniel Noboa. La protesta refleja la preocupación por los posibles impactos que esta normativa tendría sobre las pensiones, los ahorros y la estabilidad financiera de los jubilados y futuros trabajadores del país.
La voz de los jubilados y sus líderes
El presidente del Frente Nacional Nuevo IESS, Henry Llanes, explicó que la propuesta permitiría al Estado acceder a los fondos de la seguridad social mediante la venta de créditos quirografarios, hipotecarios y prendarios. Esta medida ha generado alarma entre los jubilados, quienes consideran que sus derechos podrían verse vulnerados en beneficio de la banca privada.
Por su parte, la legisladora Liliana Durán, de la Revolución Ciudadana, calificó el proyecto como “un nuevo atraco al país” y señaló que no es justo que los jubilados tengan que volver a las calles para proteger sus derechos. Durán anunció que comparecerá ante la Comisión de Desarrollo Económico para presentar sus puntos de vista y plantear preguntas sobre la normativa, reafirmando su apoyo a los manifestantes: “Con nuestra bancada cuenten siempre, compañeros y compañeras”.
Riesgos del proyecto de ley
Según los denunciantes, la propuesta de Noboa implicaría la privatización parcial del Banco del IESS, poniendo en riesgo la seguridad de las pensiones y los ahorros de millones de afiliados. Los críticos advierten que los beneficios de la seguridad social podrían pasar a manos de la banca privada, mientras los ciudadanos asumirían la vulnerabilidad de sus fondos.
Luis Mazón, coordinador provincial del Frente Salud y Vida, indicó que la Comisión de Desarrollo Económico recibirá a representantes de los jubilados para que expongan sus argumentos y preocupaciones sobre la ley, en un intento de frenar lo que consideran un ataque directo a la estabilidad financiera de los trabajadores.
Rechazo social y político
La ley ha generado rechazo en distintos sectores de la sociedad. Jubilados y afiliados han denunciado con consignas como “¡Fuera Noboa, fuera!” que la normativa no solo amenaza los derechos de quienes ya están jubilados, sino también la protección de las generaciones laborales futuras.
Redes sociales y plataformas de comunicación se han convertido en un canal de expresión para los afectados. Publicaciones de líderes como Liliana Durán destacan que la ley favorece a la banca privada mientras pone en riesgo los fondos de la seguridad social, lo que ha intensificado la indignación popular.
Impacto en el patrimonio y bienestar de los jubilados
Los manifestantes enfatizan que la aprobación de la ley podría tener consecuencias graves en su patrimonio y bienestar. Los créditos hipotecarios, prendarios y quirografarios podrían ser vendidos, lo que significaría que los jubilados perderían control sobre sus ahorros y beneficios, afectando directamente su calidad de vida.
El debate sobre la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia continúa en la Asamblea Nacional, y los jubilados observan con atención cada avance, conscientes de que su futuro financiero y el de millones de ecuatorianos está en juego.
Movilización y unidad de los jubilados
La protesta frente al Parlamento no es solo un acto simbólico, sino un llamado a la acción y a la defensa de derechos. Los jubilados muestran unidad y determinación, exigiendo transparencia y participación en la toma de decisiones que afectan sus fondos y su seguridad económica.
La presión ciudadana busca que la normativa sea revisada o modificada para proteger los intereses de los afiliados al IESS, y que no se convierta en una herramienta para beneficiar exclusivamente a intereses privados en detrimento de los ciudadanos.
Conclusión
La movilización de los jubilados en Ecuador evidencia el profundo rechazo a la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia presentada por el presidente Daniel Noboa. La propuesta genera alarma por el riesgo de privatización parcial del IESS y la posible pérdida de beneficios y ahorros de millones de trabajadores. La intervención de legisladores como Liliana Durán y los líderes de los colectivos de jubilados refuerza la exigencia de diálogo, transparencia y protección de los derechos de los ciudadanos. El país enfrenta un debate crucial que definirá la seguridad financiera de las actuales y futuras generaciones.
