El Ecuador vive nuevamente un momento de tensión social y política tras el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que ha derivado en bloqueos, marchas y enfrentamientos en distintas provincias del país, especialmente en la Sierra Norte y Centro, con focos activos en Imbabura, Cotopaxi y Pichincha.
El movimiento indígena, liderado por Leonidas Iza, exige al gobierno de Daniel Noboa la revisión de las políticas económicas, el congelamiento del precio de los combustibles y el respeto a los derechos territoriales y ambientales. Según la CONAIE, el paro es una respuesta al “abandono del campo y la falta de diálogo real”.
Sin embargo, el Gobierno ha respondido con firmeza: el presidente Noboa decretó el estado de excepción en varias provincias del país, argumentando que existe una “grave conmoción interna” que pone en riesgo la seguridad ciudadana y el orden público.
🔥 Bloqueos y repercusiones sociales
Desde el inicio del paro, se reportan bloqueos de vías en al menos seis provincias, lo que ha dificultado el transporte de alimentos, combustibles y productos básicos. Las imágenes de largas filas de vehículos en carreteras y de manifestantes portando banderas de la CONAIE recuerdan los escenarios de movilizaciones anteriores, como las de octubre de 2019 y junio de 2022.
El Ministerio del Interior informó que las fuerzas del orden han actuado bajo protocolos de seguridad, priorizando el desbloqueo de vías y la protección de infraestructura estratégica, como plantas eléctricas y estaciones de transporte. No obstante, se han denunciado incidentes aislados de represión y detenciones arbitrarias, lo que ha despertado críticas de organizaciones de derechos humanos.
En Quito, el ambiente es de alerta. El Ejecutivo acusa a ciertos sectores radicales de pretender “tomar la capital”, algo que Leonidas Iza ha negado, pero que mantiene en vilo a la ciudadanía y al sector productivo. Las clases en varios establecimientos educativos han sido suspendidas, mientras que el comercio y la movilidad urbana se desarrollan con dificultad.
🏛️ Postura del Gobierno y diálogo tenso
El presidente Noboa, en cadena nacional, afirmó que “no permitirá que minorías violentas paralicen al país” y exhortó a los dirigentes indígenas a retomar el diálogo. Propuso la instalación de una mesa de concertación siempre que se levanten los bloqueos.
Sin embargo, la CONAIE respondió que “no dialogará bajo estado de excepción”, alegando que no existen garantías de respeto a sus derechos ni voluntad política real para atender las demandas del campo.
En paralelo, la Asamblea Nacional ha pedido al Ejecutivo informes detallados sobre la aplicación del estado de excepción, mientras algunos sectores de oposición acusan al Gobierno de intentar desviar la atención de los problemas económicos y de seguridad que enfrenta el país.
📉 Impacto económico y percepción ciudadana
El paro ya tiene consecuencias en la economía. La Cámara de Industrias de Quito estima que las pérdidas superan los USD 25 millones diarios debido a la paralización de la cadena logística y el descenso de la productividad.
Además, encuestas preliminares reflejan un alto nivel de polarización social: una parte de la ciudadanía respalda el reclamo indígena como legítimo, mientras otra considera que las paralizaciones afectan a los más vulnerables y agravan la crisis.
🎭 Un país dividido entre el reclamo y la gobernabilidad
El actual escenario plantea un desafío crucial para el Gobierno de Noboa, que intenta mantener la estabilidad en medio de un clima de descontento general. Si bien el Ejecutivo ha prometido medidas de alivio económico y diálogo, los líderes indígenas aseguran que continuarán movilizados hasta obtener compromisos concretos.
El Ecuador, una vez más, enfrenta la disyuntiva entre la protesta social y el mantenimiento del orden democrático, un equilibrio que determinará el rumbo político de los próximos meses.
