En medio del paro nacional y la tensión política que atraviesa el país, el presidente Daniel Noboa anunció una serie de medidas económicas urgentes con el objetivo de dinamizar el consumo interno y aliviar el impacto social del conflicto.
Entre las principales disposiciones destacan el pago adelantado del décimo tercer sueldo para empleados del sector público y privado, así como la reducción temporal del IVA al 8% durante los próximos feriados nacionales, con la intención de impulsar el turismo y la actividad comercial.
El Gobierno ha descrito estas medidas como un “respiro necesario” para las familias y los sectores productivos, pero economistas y analistas advierten que podrían tener efectos fiscales a corto plazo que merecen atención.
💵 El pago adelantado del décimo tercer sueldo
El Ejecutivo dispuso que los empleadores —tanto públicos como privados— adelanten el décimo tercer sueldo, que normalmente se paga en diciembre, con el fin de inyectar liquidez inmediata al mercado.
La medida beneficiaría a cerca de 4,2 millones de trabajadores, según datos del Ministerio de Trabajo. El objetivo es que este dinero se destine al consumo local y ayude a sostener pequeños negocios afectados por el paro y por la desaceleración económica.
El presidente Noboa justificó la decisión afirmando que “no se trata de un gasto, sino de una redistribución anticipada del ingreso”. Sin embargo, varios empresarios han expresado preocupación por el impacto en su flujo de caja, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que enfrentan dificultades por las interrupciones en las cadenas de suministro y el encarecimiento de los costos operativos.
🧾 Reducción del IVA al 8% para feriados
Otra de las medidas más destacadas es la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 8% durante los próximos feriados nacionales, una política orientada a estimular el turismo y el consumo interno.
El Ministerio de Turismo calcula que esta reducción podría generar un incremento del 25% en la ocupación hotelera y mover cerca de USD 100 millones en la economía local, especialmente en destinos de la Sierra y la Costa.
No obstante, la medida ha generado un debate en el ámbito fiscal. Algunos expertos advierten que la reducción del IVA podría disminuir la recaudación tributaria en al menos USD 70 millones, aunque el Gobierno sostiene que el impacto se compensará con el aumento del gasto turístico y comercial.
La Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador respaldó la decisión, señalando que “el turismo es una de las industrias más golpeadas por la crisis y necesita incentivos reales”.
📉 Desafíos económicos y críticas
El contexto en el que se anuncian estas medidas no es menor: Ecuador enfrenta una inflación moderada del 3,2%, un déficit fiscal que ronda los USD 5.000 millones, y un ambiente social convulso por las protestas.
Varios economistas, como María Belén Proaño, han señalado que “las medidas pueden tener un efecto positivo en el corto plazo, pero no resuelven los problemas estructurales de productividad, empleo e inversión”.
En paralelo, la oposición en la Asamblea ha criticado las decisiones por considerarlas “populistas y temporales”, mientras otros sectores celebran que se tomen acciones concretas frente a la crisis.
🧠 Reacciones del sector productivo
Empresarios y gremios productivos han recibido los anuncios con cautela. Si bien reconocen la intención del Gobierno de aliviar la situación, muchos piden mayor claridad sobre los incentivos tributarios, líneas de crédito y apoyo financiero que acompañen estas medidas.
La Cámara de Comercio de Quito propuso además que se creen bonos de turismo interno y créditos blandos para microempresarios.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que trabaja en un plan de estabilización macroeconómica que incluirá medidas fiscales, acuerdos con organismos multilaterales y estímulos a la inversión.
🌄 Un intento por recuperar confianza
Las medidas económicas anunciadas por Noboa buscan no solo impulsar el consumo, sino reconstruir la confianza ciudadana en la gestión gubernamental, en un contexto donde el país enfrenta simultáneamente conflictos sociales, retos energéticos y presiones fiscales.
Aunque el éxito de estas políticas dependerá de su aplicación efectiva y de la estabilidad política, lo cierto es que el Gobierno intenta mostrar acción y liderazgo frente a un escenario incierto.
