La madrugada del domingo 10 de agosto de 2025, ocho personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas en una balacera ocurrida en los exteriores de una discoteca en Santa Lucía, provincia costera de Guayas. Según reportó la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, un grupo de sujetos armados llegó al lugar en vehículos y motocicletas, realizando múltiples disparos que dejaron una escena de horror y conmoción en esta localidad.
Entre las víctimas mortales está Jorge Luis Urquizo, hermano del alcalde de Santa Lucía, Ubaldo Urquizo, quien además era propietario del establecimiento atacado. Este hecho ha provocado un fuerte impacto en la comunidad y ha motivado una serie de acciones inmediatas por parte de las autoridades.
El jefe de la policía local, Xavier Chango, confirmó que las unidades policiales permanecen desplegadas en la zona para identificar y capturar a los responsables de este ataque, que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas criminales que operan en la región. Este episodio ocurre en el marco del estado de conflicto interno armado que el gobierno ecuatoriano decretó desde enero de 2024, y que ha sido reforzado con un estado de excepción vigente en la provincia de Guayas.
La Alcaldía de Santa Lucía manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas, a la vez que la Asociación de Municipalidades del Ecuador expresó su pesar por la muerte de Jorge Luis Urquizo, lamentando el impacto que este acto violento ha generado en la comunidad.
Este nuevo ataque se suma a una serie de masacres y enfrentamientos armados registrados en Ecuador durante 2025. Solo hace dos semanas, la Fiscalía abrió una investigación por el asesinato de 17 personas en un bar del cantón El Empalme, también en Guayas, evidenciando el incremento alarmante de la violencia ligada al crimen organizado en la región.
Conclusión
La masacre en Santa Lucía refleja la grave crisis de inseguridad y violencia que atraviesa Ecuador, en particular en la provincia de Guayas. La persistencia de enfrentamientos entre bandas armadas ha puesto en jaque a la sociedad civil y desafía la capacidad del Estado para garantizar la seguridad. La pronta investigación y castigo a los responsables será clave para intentar frenar esta ola de violencia y restaurar la paz en las comunidades afectadas.
