Viernes 5 de septiembre del 2025.
Organizaciones sociales del Azuay rechazan declaraciones de la ministra de Energía y anuncian marcha por la defensa de Quimsacocha.
Las recientes afirmaciones de la ministra de Energía y Minería, Inés Manzano, sobre el proyecto minero Loma Larga (Quimsacocha), han generado una fuerte reacción en el Azuay. Diversas organizaciones sociales e indígenas de la provincia expresaron su rechazo y convocaron a una movilización provincial en defensa del páramo y de las fuentes hídricas que abastecen a Cuenca y a otras comunidades.
Contexto del pronunciamiento
En un mensaje difundido a inicios de septiembre, la ministra Manzano defendió la continuidad del proyecto Loma Larga, asegurando que cumple con los requisitos legales y técnicos, y que representa una alternativa frente a la minería ilegal, al apostar por una explotación “formal y controlada”.
Estas declaraciones fueron cuestionadas inmediatamente por colectivos ciudadanos, que consideran que la licencia ambiental otorgada al proyecto constituye una vulneración a la voluntad popular expresada en la consulta de 2021, donde la mayoría de los cuencanos rechazó la minería en áreas de recarga hídrica.
Llamado a movilización
La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y otros movimientos sociales anunciaron una marcha para el 16 de septiembre en Cuenca, con el propósito de exigir la revocatoria de la licencia ambiental concedida a la empresa Dundee Precious Metals, a cargo del proyecto.
Advirtieron, además, que de no obtener respuestas concretas por parte del Gobierno, se podrían iniciar acciones de resistencia indefinida en la provincia. Las agrupaciones recalcan que su defensa se centra en la protección de Quimsacocha, considerado un ecosistema estratégico por ser fuente de agua para el sur del país.
Antecedentes y debate
El páramo de Quimsacocha, ubicado en el área de influencia del Parque Nacional Cajas, ha sido objeto de una larga disputa entre comunidades, autoridades locales, el Estado y empresas mineras. La consulta popular de 2021 marcó un precedente en la lucha ambiental, pues más del 80 % de la ciudadanía votó en contra de la explotación minera en fuentes hídricas.
Pese a ello, en julio de 2025 el Ministerio de Ambiente autorizó la fase de explotación del proyecto Loma Larga, lo que reavivó la tensión. Instituciones como ETAPA EP y el Cabildo por el Agua de Cuenca también han rechazado la decisión, señalando inconsistencias en los procesos de consulta y reiterando que la minería en Quimsacocha pondría en riesgo el suministro de agua potable.
Conclusión
El conflicto en torno a Quimsacocha refleja la confrontación entre el Gobierno central, que respalda el desarrollo de la minería a gran escala, y las comunidades locales que defienden el agua y el ecosistema paramuno. La movilización del próximo 16 de septiembre se perfila como un hito en la resistencia social del Azuay y podría escalar hacia medidas de mayor alcance si no se atienden las exigencias ciudadanas.
