Quito, 21 de agosto del 2025.
La estafa piramidal que golpeó a más de 4.000 ecuatorianos.
Un paciente con cáncer se convirtió en una de las caras más visibles de los más de 4.000 afectados por la estafa piramidal de Fortunario Activos Digitales, un esquema fraudulento que entre 2021 y 2022 logró captar cerca de USD 36,9 millones en Ecuador. Su historia es apenas un ejemplo del impacto devastador que este engaño tuvo sobre miles de personas, muchas de ellas jubiladas, enfermas o en situaciones económicas precarias, que entregaron sus ahorros con la esperanza de obtener una rentabilidad rápida y segura.
La empresa Fortunario promocionaba supuestas oportunidades de inversión a través de redes sociales, páginas web y eventos masivos. Con un discurso enfocado en “cambiar vidas” después de las dificultades económicas que dejó la pandemia de COVID-19, convenció a miles de ciudadanos de confiar en su modelo de negocio. Se trataba, sin embargo, de un clásico esquema piramidal: los recursos de los nuevos inversores servían para pagar a los primeros, hasta que el sistema se volvió insostenible y colapsó.
Cómo operaba la red
De acuerdo con la investigación fiscal, los organizadores montaron un elaborado plan de captación que incluía presentaciones en varias ciudades del país e incluso en espacios oficiales, como el Municipio de Quito, lo que dio un aire de legitimidad a su operación. Su estrategia se basaba en la promesa de altos rendimientos en poco tiempo, apelando a las necesidades económicas de los participantes.
El éxito de su campaña en redes sociales les permitió expandirse con rapidez. En apenas un año, la empresa había logrado que miles de personas depositaran sus recursos, en algunos casos entregando todos sus ahorros o endeudándose para participar en el negocio.
Uno de los testimonios más desgarradores es el de un paciente con cáncer que, buscando cubrir los costos de su tratamiento médico, entregó dinero con la esperanza de multiplicarlo. Hoy, como él, miles de afectados siguen luchando por recuperar al menos una parte de su inversión.
La intervención de la justicia
La denuncia formal contra Fortunario se presentó en abril de 2022, tras una alerta anónima. Desde entonces, la Fiscalía abrió un proceso por el delito de captación ilegal de dinero, que en Ecuador se castiga con hasta diez años de cárcel.
El 8 de agosto de 2025, el juez Vicente Hidalgo, de la Unidad de Garantías Penales especializada en corrupción y crimen organizado, resolvió medidas cautelares contra 11 procesados —entre accionistas, administradores y empleados de la empresa— y contra cuatro compañías vinculadas al esquema.
Las medidas incluyen la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse semanalmente ante la Fiscalía y la retención de bienes, fondos e inversiones. Con esto, se busca evitar que los acusados evadan responsabilidades o dispongan de recursos que podrían servir para resarcir a los afectados.
La Fiscalía había solicitado prisión preventiva, argumentando que los procesados podrían entorpecer la investigación. Y las evidencias parecen respaldar esa preocupación: tras los primeros allanamientos realizados en 2022, los líderes de la empresa enviaron un comunicado por la aplicación Telegram, pidiendo a los inversionistas que eliminaran toda evidencia en internet relacionada con Fortunario. El mensaje, incluso, contenía amenazas: quienes se atrevieran a denunciar perderían cualquier posibilidad de recuperar su dinero.
Un daño social profundo
El Caso Fortunario no solo representa un desfalco económico. También es un reflejo de cómo las estafas financieras se aprovechan de la desesperación y la vulnerabilidad de las personas. Entre los afectados hay pacientes con enfermedades graves, jubilados que confiaron sus pensiones y familias que, en medio de la crisis pospandemia, vieron en estas promesas de inversión una salida rápida a sus problemas financieros.
El abogado Juan Mantilla, representante de un grupo de víctimas, explicó en la audiencia que la empresa supo manipular las emociones y necesidades de la gente. “Se vendían como una opción de vida, como un renacer económico tras la pandemia”, aseguró. Pero esa ilusión pronto se convirtió en angustia y frustración.
La estafa también tiene un efecto colateral en la confianza pública. Muchos de los afectados aseguran que ya no creen en oportunidades de inversión ni en instituciones que deberían protegerlos. Este golpe de credibilidad afecta a todo el sistema financiero formal, pues el miedo a ser engañado disuade a ciudadanos de participar en esquemas legítimos.
Los desafíos del proceso judicial
Aunque las medidas cautelares representan un avance, los afectados temen que la restitución de sus recursos sea mínima. La experiencia en otros casos de captación ilegal en Ecuador muestra que, aun cuando los responsables son condenados, recuperar los fondos resulta complejo porque muchas veces el dinero ya ha sido transferido al exterior o diluido en gastos personales.
La Fiscalía busca establecer la ruta del dinero y la responsabilidad de cada implicado. Sin embargo, el número de afectados y el volumen del fraude convierten este proceso en un reto jurídico de gran magnitud.
Algunos analistas sostienen que este caso debe servir como precedente para reforzar los controles sobre esquemas financieros no regulados. La facilidad con la que Fortunario operó en diferentes ciudades del país evidencia vacíos en la supervisión de entidades que captan dinero del público.
Reflexión final
El Caso Fortunario es, en esencia, la historia de cómo la desesperación económica de miles de familias fue utilizada como herramienta por una red de estafadores. Con promesas de riqueza rápida y discursos motivacionales, lograron captar millones de dólares en poco tiempo, dejando tras de sí un rastro de dolor, incertidumbre y desconfianza.
Hoy, mientras la justicia avanza en su proceso, las víctimas esperan que el Estado garantice no solo la sanción a los culpables, sino también algún mecanismo de reparación económica. El paciente con cáncer, cuyo caso conmovió en la audiencia, simboliza el rostro humano de este fraude: personas que, en lugar de recibir ayuda, fueron despojadas de lo poco que tenían.
El reto de las autoridades no se limita a sancionar a los responsables, sino también a prevenir que episodios similares se repitan en un país donde la vulnerabilidad y la necesidad son terreno fértil para que este tipo de engaños prosperen.
