El Ecuador amaneció este domingo 28 de septiembre de 2025 bajo el impacto de un paro nacional convocado por organizaciones sociales e indígenas, tras la decisión del Gobierno de retirar de manera definitiva el subsidio al diésel. Desde las primeras horas de la mañana, carreteras principales de varias provincias fueron bloqueadas, generando un ambiente de tensión y preocupación en el país, especialmente en la Sierra norte y la Costa.
En la provincia de Imbabura, los cortes de vías fueron notorios en sectores estratégicos como Otavalo, Cotacachi e Ibarra. Camiones atravesados en las carreteras, neumáticos encendidos y presencia masiva de manifestantes marcaron el inicio de la jornada de protestas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) aseguró que la medida no se levantará hasta que el presidente Daniel Noboa se comprometa a restituir el subsidio y abrir un diálogo “real, con soluciones concretas”.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegaron operativos en las carreteras, lo que dio lugar a enfrentamientos en algunos puntos. En videos difundidos en redes sociales se observa a manifestantes lanzando piedras y a uniformados utilizando gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. El ambiente recuerda a los estallidos sociales de 2019 y 2022, cuando el precio de los combustibles también generó levantamientos prolongados.
Impacto en la movilidad y economía
Las protestas no solo afectan el tránsito vehicular; también repercuten directamente en la economía. Transportistas de carga pesada advirtieron que la paralización del sector puede provocar desabastecimiento de productos de primera necesidad en los mercados de Quito, Guayaquil y Cuenca. En ciudades como Ambato y Riobamba, los mercados reportaron una reducción en el ingreso de alimentos provenientes de la Costa.
La Cámara de Comercio de Quito expresó su preocupación y llamó al Gobierno y a los manifestantes a alcanzar un acuerdo rápido, advirtiendo que cada día de paralización genera pérdidas millonarias. El turismo también se ve amenazado: decenas de viajeros quedaron varados en terminales de autobuses y aeropuertos reportaron retrasos en vuelos domésticos por la dificultad de acceso a las terminales.
La postura del Gobierno
El presidente Daniel Noboa defendió la medida al señalar que mantener el subsidio al diésel “es insostenible para la economía nacional” y que los recursos liberados se destinarán a programas sociales y de infraestructura. En cadena nacional, el mandatario aseguró que se busca “una política de precios transparente” y acusó a ciertos grupos de “querer desestabilizar al país aprovechándose del malestar ciudadano”.
No obstante, la oposición política y gremios sociales rechazaron el discurso presidencial, argumentando que el subsidio es un pilar para los sectores productivos, especialmente agricultores, transportistas y pequeños comerciantes, quienes ahora enfrentan costos más elevados.
Voces de la protesta
En las calles, los testimonios reflejan indignación. “El diésel mueve al Ecuador. Si sube, sube todo: el pan, la leche, el transporte. No podemos quedarnos callados”, dijo María Paredes, dirigente comunitaria en Cotacachi. Por su parte, un transportista en Santo Domingo de los Tsáchilas señaló que el incremento en el combustible ya representa pérdidas diarias, pues los fletes no pueden ajustarse de manera inmediata.
La Conaie, a través de su presidente, advirtió que si no hay respuestas concretas del Gobierno, las manifestaciones podrían extenderse de manera indefinida y radicalizarse con marchas hacia Quito, recordando los escenarios de parálisis nacional vividos en los últimos años.
Riesgos y escenarios
Analistas coinciden en que el paro nacional pone al Gobierno de Noboa en una encrucijada. Por un lado, mantener la eliminación del subsidio es clave para la sostenibilidad fiscal; por otro, ceder al reclamo popular puede interpretarse como una derrota política en un momento donde el Ejecutivo busca proyectar firmeza.
La comunidad internacional sigue con atención los acontecimientos. Organismos de derechos humanos pidieron garantías para la protesta pacífica y evitar un uso excesivo de la fuerza. A su vez, la embajada de Estados Unidos en Quito recomendó a sus ciudadanos evitar las zonas de manifestaciones y mantenerse informados por canales oficiales.
El desenlace del paro dependerá en gran medida de la capacidad de negociación entre el Gobierno y los dirigentes sociales. Mientras tanto, la incertidumbre predomina en las calles, y el Ecuador vuelve a revivir el fantasma de la conflictividad social marcada por el precio de los combustibles.
