Más de 90.000 personas se movilizaron en la provincia de Azuay para protestar contra el proyecto minero de la empresa canadiense Dundee Precious Metals, que busca extraer oro y cobre en la zona de Quimsacocha, un área estratégica por su riqueza hídrica y ecosistemas de páramo. La magnitud de la protesta la convierte en una de las mayores movilizaciones sociales de los últimos años en Ecuador, y refleja la creciente preocupación ciudadana por el impacto ambiental de la minería a gran escala.
Defensa del agua
Los manifestantes sostienen que la explotación minera amenaza directamente las fuentes de agua que abastecen a Cuenca y a comunidades rurales de Azuay. Líderes indígenas y campesinos insisten en que el agua es más valiosa que el oro, y advierten que el daño a los páramos sería irreversible.
Durante la marcha, organizaciones sociales recordaron que en 2021 la ciudadanía de Cuenca aprobó en consulta popular la prohibición de minería metálica en zonas de recarga hídrica. Para ellos, el proyecto de Dundee Precious Metals constituye una violación de esa decisión democrática.
Respuesta del Gobierno
El Gobierno nacional, en medio de la presión social, anunció que detendrá temporalmente las obras y ordenará una nueva evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, aclaró que el país necesita inversión minera para fortalecer su economía, lo que genera desconfianza entre los manifestantes, quienes temen que la pausa sea solo una estrategia para calmar la indignación ciudadana.
Debate económico vs. ambiental
El conflicto refleja el dilema de muchos países en desarrollo: priorizar la entrada de divisas a través de actividades extractivas o proteger el medio ambiente y las comunidades locales. Para el Gobierno, la minería representa ingresos fiscales y empleo; para los ciudadanos de Azuay, significa un riesgo existencial para sus fuentes de agua y modos de vida.
Expertos en sostenibilidad advierten que proyectos de esta magnitud suelen generar conflictos sociales duraderos, especialmente en países con debilidad institucional y poca transparencia en la gestión de recursos naturales.
Movimiento social en auge
La protesta de Azuay no es un hecho aislado. En los últimos años, comunidades de Imbabura, Cotopaxi y Morona Santiago también han resistido proyectos mineros. Cada movilización refuerza la narrativa de un movimiento nacional de defensa del agua, que vincula derechos humanos, ecología y democracia.
La fuerza de las calles, sumada a los resultados de consultas populares, coloca a la minería en el centro del debate político del Ecuador. El desenlace de Quimsacocha marcará un precedente para futuros proyectos y para la relación entre Estado, empresas y comunidades.
