El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza con los preparativos para el Referéndum y Consulta Popular 2025, un proceso que promete marcar el rumbo político del Ecuador en los próximos años. Bajo el lema de “más participación, menos burocracia”, el organismo ha aprobado el diseño de una sola papeleta que incluirá todas las preguntas, con el objetivo de optimizar costos y facilitar la votación.
Entre los temas más debatidos destaca la propuesta del Gobierno de reducir el número de asambleístas, una medida que, según el presidente Daniel Noboa, busca “modernizar el sistema político, hacerlo más eficiente y ahorrar recursos públicos”. No obstante, los analistas y actores políticos han advertido que esta reforma podría concentrar el poder y debilitar la representación de las minorías.
🏛️ Las preguntas y el contexto político
Hasta el momento, se han confirmado preguntas relacionadas con la estructura de la Asamblea Nacional, la seguridad ciudadana, y la eficiencia de la administración pública. El CNE ha anunciado que trabaja junto a la Corte Constitucional para garantizar que el contenido de cada interrogante cumpla con la legalidad y pertinencia requerida.
Entre los puntos clave se incluye la posibilidad de:
- Reducir el número total de legisladores de 137 a 100.
- Permitir la extradición de ecuatorianos involucrados en delitos de crimen organizado.
- Establecer un mecanismo de control más estricto al gasto público y a los fondos partidarios.
- Modificar el sistema de designación de autoridades de control.
Para muchos ciudadanos, estas propuestas reflejan la necesidad de reformas profundas en un Estado percibido como ineficiente y politizado. Sin embargo, los detractores consideran que el Gobierno intenta consolidar poder y distraer la atención de los problemas económicos y sociales que enfrenta el país.
📊 El rol del CNE y la logística del proceso
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que se ha aprobado el cronograma electoral, que contempla el inicio de la campaña en febrero de 2025 y la jornada de votación en abril del mismo año.
El presupuesto estimado para la consulta asciende a USD 32 millones, e incluirá la implementación de tecnología de transmisión rápida de resultados, así como la impresión de una papeleta única con un diseño simplificado y códigos QR de seguridad.
La institución también ha enfatizado que se realizará un proceso de capacitación ciudadana para que los electores comprendan cada pregunta. En palabras de Atamaint: “Queremos que la gente vote informada, no confundida”.
⚖️ Posturas políticas divididas
El movimiento oficialista ADN respalda el referéndum como una herramienta para fortalecer la gobernabilidad y legitimar las reformas impulsadas por Noboa. En contraste, la oposición ha manifestado su preocupación por el posible uso político del proceso.
Organizaciones sociales, gremios y partidos minoritarios temen que la reducción de escaños en la Asamblea perjudique la representación de provincias pequeñas y de pueblos indígenas.
El analista político Carlos Espinosa señaló que “el referéndum puede ser una jugada riesgosa para el Gobierno. Si gana el ‘No’, será interpretado como un voto de castigo; pero si triunfa el ‘Sí’, Noboa saldrá fortalecido como un líder reformista”.
🧩 Participación ciudadana y clima social
El CNE prevé una alta participación electoral, considerando que las consultas populares en Ecuador suelen atraer la atención de la ciudadanía. No obstante, el clima de paro nacional y crisis económica podría influir en el ánimo de los votantes.
Sectores juveniles y académicos promueven debates públicos y foros para discutir los alcances de las reformas, mientras medios de comunicación planifican coberturas especiales y campañas informativas.
En redes sociales, los hashtags #MiVotoCuenta, #Consulta2025 y #DecideEcuador ya se posicionan entre las tendencias, reflejando el interés —y también la polarización— que rodea al proceso.
🔮 Un momento decisivo para la democracia ecuatoriana
Más allá de los cálculos políticos, el Referéndum y Consulta Popular 2025 representa una oportunidad para reflexionar sobre el modelo de Estado y el tipo de representación que el país necesita.
El resultado podría redefinir la estructura institucional del Ecuador y marcar un punto de inflexión en la relación entre ciudadanía y poder político.
