El proceso de revocatoria del mandato en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, llegó oficialmente a su cierre tras el desistimiento presentado por sus promotores y la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de incinerar los formularios de firmas. Con esto, se pone punto final a un capítulo que durante meses generó expectativa, polémica y debate político en la capital ecuatoriana.
La iniciativa, impulsada por un grupo ciudadano que argumentaba “incumplimiento de promesas de campaña y falta de gestión en seguridad y movilidad”, no logró alcanzar el respaldo suficiente ni superar los requisitos legales establecidos por el organismo electoral.
⚖️ El desistimiento y la decisión del CNE
El CNE confirmó que el proceso fue oficialmente retirado por los solicitantes, quienes argumentaron “falta de garantías técnicas y económicas para continuar”.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que tras la renuncia formal, se procedió al retiro y destrucción física de los formularios de recolección de firmas, siguiendo el protocolo establecido para garantizar la transparencia y evitar su reutilización.
El acto de incineración, realizado en presencia de notarios y delegados de observación electoral, simboliza el cierre administrativo definitivo del proceso. Según la autoridad electoral, esta decisión se adoptó conforme a la normativa que establece que, una vez desistido el trámite, los documentos deben eliminarse para proteger los datos de los firmantes y preservar la integridad del sistema.
🧩 Contexto político y social
El intento de revocatoria surgió a mediados de 2024, cuando diversos colectivos ciudadanos expresaron su inconformidad con la gestión municipal de Pabel Muñoz, especialmente en temas relacionados con movilidad, seguridad, obras públicas y recolección de basura.
A pesar de las críticas, el alcalde logró mantener el respaldo de una parte significativa de la población quiteña, gracias a la ejecución de proyectos de regeneración urbana, mantenimiento vial y mejoras en el transporte público, especialmente en torno al Metro de Quito.
La oposición municipal, representada por algunos concejales, consideró el proceso de revocatoria como un intento más político que ciudadano.
“Fue un movimiento con intereses electorales anticipados. No existía un argumento técnico sólido para remover a un alcalde que aún está cumpliendo su periodo”, afirmó el concejal Juan Carlos Fiallos, cercano al oficialismo.
🏛️ La respuesta del alcalde Pabel Muñoz
En declaraciones públicas, el alcalde Muñoz celebró la decisión como “una muestra de madurez democrática”, destacando que “la energía de la ciudad debe concentrarse en trabajar por resultados, no en disputas políticas”.
Aseguró además que su administración continuará enfocada en temas prioritarios como el ordenamiento territorial, la movilidad sostenible, el turismo y la reactivación económica local.
“Quito necesita unidad, no confrontación”, expresó Muñoz en rueda de prensa, agregando que el proceso de revocatoria fue “una oportunidad para escuchar críticas, corregir errores y fortalecer la gestión”.
🧠 Repercusiones y lectura política
Analistas políticos interpretan el cierre del proceso como un respiro para el gobierno municipal, pero también como un reflejo de la desconfianza ciudadana en los mecanismos de participación.
El politólogo Andrés Viteri explicó que “la revocatoria del mandato, aunque legítima, se ha convertido en una herramienta de desgaste político más que en un mecanismo de rendición de cuentas”.
Desde el punto de vista ciudadano, muchos quiteños opinan que el proceso fue innecesario y que solo generó ruido político en un momento en que la capital necesita estabilidad y gestión eficiente.
🌆 Quito mira hacia adelante
Con el caso cerrado, la atención vuelve ahora a los desafíos concretos que enfrenta la ciudad: la inseguridad, el desempleo y la movilidad.
El Municipio ha anunciado nuevos proyectos de infraestructura vial, recuperación de espacios públicos y programas sociales que buscan mejorar la calidad de vida de los quiteños y reforzar la confianza en la administración local.
El fin de este proceso marca una pausa en la confrontación política, pero también deja una reflexión sobre la importancia de la responsabilidad ciudadana y el uso ético de los mecanismos democráticos.
