La industria minera ecuatoriana vivió este lunes un hecho trascendental. La empresa canadiense Silvercorp Metals Inc. anunció que obtuvo un fallo favorable por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, que resolvió de manera unánime validar el permiso ambiental requerido para avanzar en el desarrollo del proyecto minero El Domo, ubicado en la provincia de Bolívar. Este acontecimiento representa un paso decisivo en la consolidación de uno de los proyectos de cobre y oro más prometedores de la región andina.

El fallo de la Corte Constitucional

La resolución de la Corte se dio tras meses de litigios legales impulsados por colectivos ambientalistas y organizaciones sociales que cuestionaban la validez del permiso ambiental otorgado a la empresa. Los magistrados concluyeron que el proceso administrativo se ajustó a la normativa vigente y que no existieron vulneraciones a los derechos de participación ciudadana ni al medioambiente.

Con este fallo, Silvercorp Metals queda habilitada para avanzar en la fase de construcción de la mina, lo que implica un aumento en la inversión extranjera directa y el inicio de operaciones en los próximos meses.

Importancia económica del proyecto

El Domo es considerado uno de los proyectos de cobre y oro más rentables en Sudamérica. Según estimaciones de la compañía, su operación generará miles de empleos directos e indirectos, aportará millones de dólares en regalías e impuestos al Estado ecuatoriano y fortalecerá la posición del país como un destino atractivo para la inversión minera.

El Ministerio de Energía y Minas celebró la decisión de la Corte, señalando que se trata de una señal positiva para los inversionistas internacionales y un estímulo para el desarrollo económico en regiones históricamente relegadas.

Reacciones de la comunidad

No obstante, la noticia también despertó polémica. Organizaciones como Acción Ecológica y colectivos locales de Bolívar manifestaron su rechazo al fallo, argumentando que la explotación minera a gran escala puede generar impactos irreversibles en los ecosistemas de páramo, fuentes hídricas y territorios campesinos. Denunciaron además que las consultas comunitarias realizadas en la zona fueron insuficientes y que no reflejan la verdadera oposición de las comunidades.

“Este es un precedente preocupante, pues prioriza los intereses extractivistas sobre los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución”, señaló un vocero ambientalista.

Inversión y sostenibilidad

Silvercorp Metals, por su parte, reafirmó su compromiso con la minería responsable y sostenible. En un comunicado oficial, la empresa aseguró que se implementarán estrictos protocolos de manejo ambiental, incluyendo el tratamiento de aguas, la reforestación de áreas intervenidas y la reducción de emisiones contaminantes. Además, ofreció programas de desarrollo comunitario en salud, educación y empleo para la población cercana al proyecto.

La compañía resaltó que su experiencia en proyectos similares en Canadá y China avala su capacidad para operar bajo estándares internacionales de sostenibilidad.

Un debate que divide al país

El fallo de la Corte Constitucional marca una victoria para el sector minero, pero al mismo tiempo reaviva el debate sobre el modelo de desarrollo que Ecuador debe seguir. Mientras el Gobierno impulsa la minería como motor de crecimiento y generación de divisas, amplios sectores sociales insisten en que esta actividad contradice los principios de protección ambiental y de respeto a los derechos de la naturaleza.

El desafío para el Estado será encontrar un equilibrio entre el impulso a la inversión extranjera y la garantía de una gestión ambiental que minimice los riesgos para las comunidades y los ecosistemas.

Perspectivas

Con el permiso ambiental ya validado, se espera que el proyecto El Domo inicie formalmente su fase de construcción a finales de 2025, con una inversión inicial de más de 200 millones de dólares. Los mercados internacionales reaccionaron positivamente, con un aumento en el valor de las acciones de Silvercorp Metals en la bolsa de Toronto.

La atención estará ahora en cómo se implementarán las medidas de control y supervisión ambiental, así como en el diálogo con las comunidades de Bolívar, que aún mantienen posturas divididas frente al proyecto.