Quito, 16 de septiembre del 2025.

La reciente eliminación del subsidio al diésel y el consecuente aumento de su precio a 2,80 dólares por galón ha reavivado el debate sobre el costo del transporte público en Quito. Dirigentes gremiales del sector aseguran que la medida ha golpeado directamente a la operación de buses urbanos, interparroquiales y rurales, por lo que consideran indispensable un ajuste de la tarifa a 46 centavos por pasaje.

El argumento central de los transportistas radica en que el combustible representa cerca del 40 % de sus costos operativos. Con el incremento del diésel, aseguran que se vuelve insostenible mantener la actual tarifa de 35 centavos en buses convencionales y 45 centavos en articulados del sistema Trolebús y Ecovía. Según sus cálculos, el nuevo valor de 46 centavos apenas cubriría los gastos mínimos, sin generar utilidades extraordinarias.

Los gremios han manifestado que no buscan un aumento desproporcionado, sino un ajuste que garantice la sostenibilidad del servicio. “No se trata de lucrar, sino de mantener a flote el transporte y evitar una paralización”, señalaron voceros del gremio. Añadieron que el precio del diésel, en cuestión de semanas, ha elevado de manera drástica el gasto mensual de cada unidad, obligando a muchos propietarios a endeudarse o reducir frecuencias.

El pedido de los transportistas fue elevado al Concejo Metropolitano de Quito, que deberá analizar la viabilidad de la propuesta. Sin embargo, el alcalde Pabel Muñoz sostuvo que el Municipio no puede trasladar automáticamente el impacto del diésel a los usuarios, ya que sería un golpe a la economía de miles de familias quiteñas. El burgomaestre enfatizó que el tema del subsidio al combustible debe tratarse como una política social y no como un beneficio exclusivamente para un sector.

El planteamiento de una nueva tarifa ha generado preocupación en la ciudadanía. Para muchos quiteños, que utilizan diariamente el transporte público, pagar 46 centavos por cada viaje significaría un gasto adicional considerable a fin de mes. Estudiantes, trabajadores y personas de bajos recursos advierten que el incremento tendría un impacto directo en sus presupuestos familiares, especialmente en un contexto de inflación y encarecimiento de productos de primera necesidad.

Organizaciones sociales y barriales han solicitado que, antes de pensar en un ajuste, se garantice una mejora real en la calidad del servicio, que actualmente enfrenta críticas por unidades en mal estado, demoras, sobrecupo y falta de seguridad. “No podemos aceptar un aumento sin que haya mejoras visibles. El servicio no corresponde a lo que ya pagamos, menos aún a un alza”, señalaron en distintos pronunciamientos.

El debate también se ha trasladado al ámbito nacional. El Gobierno ha defendido la eliminación del subsidio al diésel como una medida para liberar recursos destinados a programas sociales y productivos. Sin embargo, sectores de transporte consideran que el Ejecutivo no ha ofrecido un plan claro de compensación que alivie su carga operativa.

Analistas económicos advierten que, si el Municipio de Quito no aprueba el incremento del pasaje, existe el riesgo de que varios operadores reduzcan unidades o incluso abandonen el servicio, lo que generaría un colapso en la movilidad urbana. En contraste, un aumento de tarifas sin mejoras en el servicio podría desatar protestas ciudadanas y mayor descontento social.

Por ahora, la tarifa de 46 centavos es solo una propuesta del sector transportista. La decisión final dependerá de los diálogos entre gremios, el Municipio y el Gobierno central. El desafío está en conciliar la sostenibilidad del transporte con la protección de la economía de los usuarios.

La discusión sobre el costo del pasaje en Quito no es nueva, pero el alza del diésel ha puesto el tema en un punto crítico. Mientras tanto, los ciudadanos permanecen a la expectativa de si deberán o no ajustar sus bolsillos para seguir movilizándose en la capital.