Quito, 27 de enero de 2026 – La situación de la comunidad migrante ecuatoriana en Estados Unidos ha alcanzado un punto crítico. Según los informes más recientes de la Cancillería y organismos de derechos humanos, al menos 3.300 compatriotas se encuentran actualmente bajo custodia federal, enfrentando procesos de deportación expedita bajo la administración de Donald Trump. Esta cifra ha desatado una ola de indignación en Ecuador, donde diversas organizaciones políticas y sociales exigen al Gobierno Nacional que abandone la diplomacia de "bajo perfil" y emita una protesta formal ante la Casa Blanca.
Un escenario de terror en las comunidades migrantes
El pánico se ha apoderado de estados con alta presencia de ecuatorianos, como Nueva York, Nueva Jersey, Texas y Minnesota. Los operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reforzados por la nueva política de "seguridad nacional" de EE. UU., han dejado a miles de familias separadas.
Lo que más preocupa a las organizaciones de defensa del migrante es la velocidad de los procesos. Mientras que en años anteriores un proceso de deportación podía durar meses o incluso años permitiendo una defensa legal adecuada, hoy los tiempos se han reducido a menos de 60 días. En Texas, por ejemplo, las estadísticas revelan una realidad desoladora: la tasa de éxito para detener una deportación ha caído del 10% al 2% en lo que va de 2026.
El silencio del Palacio de Carondelet bajo fuego
A pesar de la magnitud de la crisis, la respuesta del Gobierno ecuatoriano ha sido calificada de "tibia" por la oposición y grupos activistas. La canciller Gabriela Sommerfeld defendió recientemente la postura oficial, señalando que se están brindando servicios consulares y asistencia técnica. Sin embargo, no ha existido una nota de protesta formal por las denuncias de uso excesivo de fuerza y la detención de menores de edad.
Organizaciones políticas como Revolución Ciudadana y movimientos sociales vinculados a la migración, como 1800-Migrante, han sido enfáticos: "No basta con recibir a los deportados con un kit de bienvenida en el aeropuerto; se necesita una defensa agresiva de los derechos humanos en suelo estadounidense". Los críticos señalan que la cercanía política entre el presidente Daniel Noboa y la administración Trump no debería traducirse en un sacrificio de la soberanía y la protección de los ciudadanos.
El impacto en los más vulnerables: Niños y familias
Uno de los puntos más dolorosos de esta noticia es la situación de los menores. En las últimas 48 horas, se reportó el caso de una madre ecuatoriana detenida por el ICE en Minnesota, dejando a seis hijos en situación de vulnerabilidad.
La Cancillería ha solicitado mediante una nota al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se respete el interés superior del niño, pero en la práctica, los albergues federales están desbordados. La falta de una comunicación fluida entre el gobierno ecuatoriano y los centros de detención ha dificultado que los consulados puedan dar seguimiento real a cada caso de separación familiar.
¿Hacia una crisis de retorno masivo?
Ecuador no solo enfrenta el problema legal en el exterior, sino el logístico en casa. Actualmente, llegan al país un promedio de dos vuelos semanales cargados de deportados. Si la tendencia de los 3.300 detenidos actuales se mantiene, el sistema de recepción "Ecuador es tu Hogar" podría colapsar.
Las organizaciones políticas exigen que el Gobierno de Ecuador solicite formalmente el Estatus de Protección Temporal (TPS), argumentando el conflicto interno armado que vive el país como una razón válida para que los ecuatorianos no sean devueltos a un entorno peligroso. No obstante, la administración Trump ha mostrado poco interés en otorgar este tipo de beneficios migratorios.
Conclusión y exigencias
La presión sobre el Ejecutivo seguirá escalando en los próximos días. Las demandas son claras:
- Protesta formal ante los incidentes de violencia por parte de agentes federales.
- Incremento de presupuesto para los consulados en "zonas rojas" de redadas.
- Mesa técnica de alto nivel con EE. UU. para detener las deportaciones de padres de familia sin antecedentes penales.
La comunidad migrante, que sostiene gran parte de la economía ecuatoriana a través de las remesas, espera hoy que su país no les dé la espalda en el momento de mayor persecución en décadas.
