Ecuador vive una nueva sacudida política tras la sanción judicial impuesta a la exvicepresidenta Verónica Abad, a quien se le suspendieron sus derechos políticos y se le impuso una multa de 14.000 dólares por un caso de violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld. El fallo, emitido por un tribunal de Quito, reaviva las tensiones dentro del Ejecutivo y expone la fractura entre la Presidencia y la Vicepresidencia.
Paralelamente, el país fue escenario de un megaoperativo internacional contra el lavado de activos, en el que participaron autoridades de Ecuador, Colombia y Perú. La operación permitió desmantelar una red transnacional vinculada al narcotráfico y al uso de criptomonedas para el blanqueo de capitales.
⚖️ Verónica Abad, en el centro del conflicto político
El fallo contra Verónica Abad es considerado histórico, no solo por la figura política involucrada, sino porque se basa en una de las primeras aplicaciones de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en un contexto político.
La Corte Nacional de Justicia determinó que Abad incurrió en violencia política de género, al haber realizado declaraciones públicas y comentarios despectivos sobre la canciller Gabriela Sommerfeld, afectando su dignidad y desempeño institucional.
Durante el juicio, los magistrados enfatizaron que los discursos de la vicepresidenta “reprodujeron estereotipos machistas” y constituyeron una forma de hostigamiento laboral y simbólico.
El tribunal dispuso la suspensión temporal de sus derechos políticos, una multa de 14.000 dólares y la obligación de ofrecer disculpas públicas. Abad, quien no asistió a la audiencia, rechazó la decisión y la calificó de “persecución política disfrazada de justicia”.
En una publicación en la red X (antes Twitter), afirmó:
“No me van a callar. La verdad siempre sale a la luz. Este fallo es un ataque contra la mujer que piensa diferente.”
Desde el gobierno, el presidente Daniel Noboa evitó pronunciarse directamente, aunque fuentes de Carondelet confirmaron que el caso “no representa una prioridad” en la agenda presidencial. Sin embargo, la tensión entre ambos se mantiene desde hace meses: Abad ha criticado abiertamente las políticas del Ejecutivo, mientras el presidente la ha marginado de las principales decisiones del gabinete.
🕵️ Golpe al lavado de activos: cooperación internacional y criptomonedas
En medio del escándalo político, el país celebró un importante avance en la lucha contra el crimen financiero. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en coordinación con la Fiscalía General del Estado y organismos internacionales, ejecutó un operativo simultáneo en Ecuador, Colombia y Perú, que permitió el decomiso de más de 20 millones de dólares en bienes y activos.
Según las autoridades, las investigaciones detectaron una compleja red de empresas de fachada, testaferros y cuentas en el extranjero utilizadas para lavar dinero proveniente del narcotráfico. El sistema incluía el uso de criptomonedas, lo que dificultaba el rastreo de los fondos.
El director de la UAFE, Javier Cevallos, explicó que se trata de “uno de los mayores golpes financieros al crimen organizado en los últimos años”. Los operativos se desarrollaron en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha y El Oro, y resultaron en 12 detenciones.
La ONU y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertaron que el uso de monedas digitales por parte de mafias está en aumento en América Latina, especialmente en Ecuador, México y Colombia. “Las criptomonedas ofrecen anonimato y movilidad financiera, lo que las convierte en herramientas atractivas para los lavadores de dinero”, señaló el informe.
💬 Reacciones y contexto
Diversos sectores han reaccionado al doble escenario que vive el país: un conflicto político en el más alto nivel del Estado y un operativo de alcance internacional contra el crimen económico.
Organizaciones feministas celebraron el fallo contra Abad como “una victoria simbólica para la justicia de género”, mientras analistas políticos lo interpretan como una muestra de la fragmentación del poder ejecutivo.
Por otro lado, el sector financiero destacó la efectividad de la cooperación entre países andinos para combatir el lavado de activos, aunque advirtieron que la debilidad institucional y la falta de regulación sobre criptomonedas aún representan puntos vulnerables.
El economista Carlos Julio Jaramillo señaló que “Ecuador está en una encrucijada: busca inversión y estabilidad, pero debe demostrar firmeza contra el crimen financiero y la corrupción”.
🔮 Un país dividido entre la política y la economía
La coincidencia de ambos hechos —el fallo contra Abad y el operativo financiero— resume el momento que atraviesa Ecuador: un Estado que intenta mostrar fortaleza frente a las mafias, pero que internamente lidia con disputas políticas que erosionan su institucionalidad.
En medio de la polarización, el ciudadano común observa cómo los escándalos políticos y los delitos económicos siguen afectando la confianza en el sistema.
