Ecuador en estado de guerra: 10.000 militares toman la costa para frenar al narcotráfico
Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Lo que durante décadas fue considerado un país de tránsito relativamente pacífico se ha convertido, en apenas diez años, en el territorio más violento de América Latina. Frente a este escenario, el Gobierno del presidente Daniel Noboa decidió escalar su respuesta y desplegó 10.000 militares en las provincias costeras más golpeadas por el crimen organizado, en una ofensiva directa contra las bandas narcotraficantes que disputan el control del país.
La medida, anunciada este 16 de enero de 2026, marca un nuevo punto de inflexión en la política de seguridad nacional y evidencia que el Estado ecuatoriano ha optado por una estrategia de mano dura para intentar recuperar el control territorial.
Una violencia sin precedentes en la región
De acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, Ecuador cerró 2025 con una tasa de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una cifra que lo ubica como el país más violento de la región. En términos prácticos, el promedio fue de un asesinato por hora.
Este deterioro acelerado de la seguridad está directamente relacionado con la expansión del narcotráfico, la presencia de bandas locales con vínculos con carteles internacionales y la disputa sangrienta por rutas de exportación de droga hacia Estados Unidos y Europa.
El despliegue militar: una ofensiva sin precedentes
Con fusiles, mochilas de campaña y equipos tácticos, 10.000 soldados fueron movilizados hacia las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, consideradas hoy los principales focos de violencia criminal. El general Mario Bedoya, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), confirmó que cientos de militares de fuerzas especiales arribaron al aeropuerto de Guayaquil para reforzar los operativos de seguridad.
Además de Guayaquil, vuelos militares aterrizaron en Manta, uno de los puertos pesqueros más importantes del país y, al mismo tiempo, una de las ciudades con mayores índices de homicidios.
La costa, epicentro de la guerra narco
Las provincias intervenidas concentran puertos estratégicos que han sido infiltrados por organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas. Estas bandas, muchas de ellas con alianzas transnacionales, se enfrentan entre sí por el control de rutas, bodegas, muelles y territorios urbanos.
Manabí, Guayas y Los Ríos se han convertido en escenarios de ajustes de cuentas, masacres carcelarias, sicariato y extorsión, fenómenos que han desbordado la capacidad de respuesta policial en los últimos años y obligaron al Ejecutivo a recurrir nuevamente a las Fuerzas Armadas.
Noboa suspende vacaciones y asume el control
El repunte de homicidios a inicios de 2026 llevó al presidente Daniel Noboa a suspender sus vacaciones y convocar de urgencia a una reunión a puerta cerrada con ministros del área de seguridad y altos mandos militares y policiales en el Palacio de Carondelet.
Mientras tanto, el centro histórico de Quito permanece bajo fuerte resguardo militar, una imagen que recuerda los momentos más tensos vividos durante anteriores estados de excepción.
El mensaje del Gobierno ha sido claro y contundente. “La cárcel o el infierno para todo aquel que ponga en riesgo la seguridad”, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado que refleja el tono de la actual estrategia estatal.
Puertos bajo vigilancia militar permanente
Uno de los ejes centrales del operativo es el control de los puertos marítimos, considerados puntos clave para la salida de cocaína hacia mercados internacionales. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ordenó que el alto mando militar opere por tiempo indefinido desde Guayaquil, con el objetivo de supervisar directamente las inspecciones portuarias.
La presencia militar busca cerrar los espacios que durante años fueron aprovechados por redes criminales para contaminar contenedores y facilitar el tráfico de drogas a gran escala.
De país de tránsito a epicentro del narcotráfico
Hasta hace una década, Ecuador era percibido como un país relativamente seguro dentro de una región marcada por la violencia. Sin embargo, su ubicación geográfica —entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo— y su dolarización lo convirtieron en un territorio atractivo para el narcotráfico.
La debilidad institucional, la corrupción y el hacinamiento carcelario terminaron por acelerar una transformación que hoy tiene al país sumido en una guerra abierta contra el crimen organizado.
Un desafío que va más allá de lo militar
Si bien el despliegue de 10.000 militares es una señal de fuerza, analistas advierten que el desafío de fondo es estructural. La lucha contra el narcotráfico implica no solo control territorial, sino también reforma penitenciaria, fortalecimiento judicial, cooperación internacional y políticas sociales que reduzcan el reclutamiento criminal.
Por ahora, el Gobierno apuesta a recuperar el control con presencia armada masiva, en una carrera contrarreloj para frenar una violencia que ha puesto en jaque la seguridad y la estabilidad del país.
