El Gobierno del presidente Daniel Noboa oficializó este septiembre de 2025 la eliminación del subsidio al diésel automotriz, medida que ha generado un intenso debate nacional. Con esta decisión, el precio del combustible pasó de 1,80 dólares a 2,80 dólares por galón, marcando un hito en la política económica del país, pues durante décadas los subsidios a los combustibles fueron considerados intocables en el imaginario social.
La medida fue justificada como parte de un plan integral para sanear las finanzas públicas, frenar el contrabando y dirigir recursos a programas sociales, pero también ha encendido las calles con manifestaciones y bloqueos en varias provincias.
El trasfondo del subsidio
Desde hace más de 40 años, Ecuador mantuvo un sistema de subsidios a los combustibles que, según expertos, representaban un costo fiscal elevado. Solo en 2024, el Estado destinó más de 2.000 millones de dólares a subsidiar diésel y gasolinas, recursos que, según el Gobierno, pudieron haber sido invertidos en infraestructura, salud y seguridad.
“El subsidio al diésel era insostenible. Beneficiaba de manera desigual a sectores que no lo necesitaban y alimentaba el contrabando hacia Colombia y Perú”, explicó la ministra de Finanzas, al anunciar la medida.
El argumento oficial también sostiene que el subsidio no cumplía con su propósito social, pues favorecía más a grandes empresas de transporte o exportación que a los ciudadanos de bajos ingresos.
Reacciones en el sector del transporte
Los gremios de transportistas pesados, buses interprovinciales y urbanos fueron los primeros en expresar su descontento. Según sus voceros, el alza del diésel incrementará los costos operativos entre un 30 % y 40 %, lo que inevitablemente se trasladará a las tarifas de pasajes y al precio de los productos de consumo masivo.
“El Gobierno debe entender que no podemos absorber este golpe solos. Si no hay un plan de compensación claro, el pasaje urbano tendrá que subir”, señaló Jorge Calderón, dirigente del transporte urbano en Quito.
El sector agrícola también manifestó su preocupación, dado que la maquinaria y el transporte de productos dependen del diésel. Esto podría generar un efecto inflacionario en la canasta básica.
El plan de compensaciones
Consciente del malestar social, el Gobierno anunció un mecanismo de estabilización de precios que permitirá contener variaciones bruscas del costo del diésel en el mercado internacional. Además, se implementarán bonos compensatorios dirigidos a transportistas y programas de apoyo directo a familias en situación vulnerable.
El ministro de Transporte afirmó que estas medidas buscan mitigar el impacto inmediato:
“Los subsidios generalizados se terminan, pero los apoyos focalizados empiezan. Nadie quedará desprotegido.”
Sin embargo, la falta de claridad en los criterios de selección para estas compensaciones ha sido criticada por los gremios, que temen exclusiones y burocracia en el proceso.
Reacciones políticas y sociales
La eliminación del subsidio ha generado división política. Los sectores empresariales celebran la decisión, considerándola un paso necesario para mejorar la competitividad del país y enviar una señal positiva a los inversionistas internacionales.
En contraste, organizaciones sociales y sindicatos denuncian que el ajuste recae sobre la clase trabajadora y los sectores más pobres. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) advirtió que mantendrá la presión en las calles hasta que el Gobierno reconsidere la medida.
La opinión pública también está polarizada: mientras algunos ciudadanos apoyan el fin de los subsidios por ser una carga fiscal insostenible, otros temen un efecto dominó en los precios de alimentos, transporte y servicios básicos.
Escenario económico futuro
De acuerdo con analistas, la decisión podría tener un impacto dual. A corto plazo, se espera un aumento de la inflación y un deterioro en el poder adquisitivo de los hogares. No obstante, a mediano y largo plazo, la eliminación del subsidio podría mejorar las cuentas fiscales, reducir el déficit público y abrir espacio para inversiones en sectores estratégicos.
El Banco Central prevé que la medida, aunque dolorosa en lo inmediato, permitirá liberar recursos equivalentes a 1,5 % del PIB anuales, que podrían destinarse a programas sociales. Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para gestionar la transición sin profundizar la conflictividad social.
Una medida que marca época
Ecuador se une así a otros países de la región que en los últimos años han optado por eliminar subsidios a los combustibles como parte de ajustes estructurales. El reto, sin embargo, será encontrar un equilibrio entre la estabilidad macroeconómica y el bienestar de la población.
En las calles, las protestas reflejan la resistencia a cambios que golpean directamente el bolsillo ciudadano. En el Palacio de Carondelet, la apuesta del presidente Noboa es clara: arriesgar capital político para consolidar un giro económico que marque su gestión.
