El sistema de rehabilitación social de Ecuador ha sido sacudido por un evento que intensifica la alarma nacional: el descubrimiento de una fosa común en una zona rural de la provincia de Loja, cerca de la frontera sur. Las primeras inspecciones y reportes policiales, confirmados por la Fiscalía General del Estado, sugieren que los restos humanos hallados pertenecerían a varios trabajadores y personal administrativo que laboraban en distintas cárceles del país y que figuraban en las listas de desaparecidos de las últimas semanas.
Este macabro hallazgo no es un hecho aislado, sino la cúspide de una escalada de terror dirigida directamente contra el personal civil que intenta mantener el orden en los centros de privación de libertad. La tensión se disparó esta semana con el violento asesinato de una psicóloga carcelaria en la provincia amazónica de Sucumbíos, un crimen que ha sido interpretado por los sindicatos de trabajadores como una amenaza directa de las bandas criminales que controlan los pabellones. Este nuevo patrón de violencia sugiere una estrategia clara de las organizaciones delictivas para desestabilizar la gestión penitenciaria mediante el terror y la intimidación.
La noticia ha generado una oleada de pánico e indignación entre los familiares del personal penitenciario, quienes han convocado a vigilias y protestas a nivel nacional para exigir al Gobierno una acción inmediata y contundente. "Nuestros parientes están trabajando bajo amenaza constante. Si no los protegen, la crisis penitenciaria no tendrá fin", declaró la vocera de la Asociación de Familiares de Trabajadores del SNAI.
Investigación, Identificación y la Indolencia del SNAI
Un equipo forense de élite, junto a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED), ha tomado el control de la escena en Loja. El proceso de identificación de los cuerpos será largo y complejo debido a las condiciones de los restos, pero es una prioridad para brindar respuestas a las familias afectadas por la incertidumbre de la desaparición. La Fiscalía ha iniciado una investigación por presunto asesinato y crimen organizado.
Las críticas se centran en la aparente inacción del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). A pesar de la gravedad de la situación y el evidente riesgo que enfrenta su personal, el organismo ha demorado en emitir un comunicado oficial detallando las nuevas medidas de seguridad y protección. Los sindicatos han exigido que se declare una emergencia en la seguridad del personal de prisiones y que se dote de recursos adecuados —como chalecos antibalas, botones de pánico y protocolos de evacuación— a quienes están expuestos diariamente a la violencia.
El Control Territorial y la Estrategia de Terror
Expertos en seguridad consultados por nuestro medio coinciden en que la agresión al personal civil es una táctica de control territorial dentro de los centros. Al intimidar a médicos, psicólogos, educadores y administradores, los grupos criminales buscan eliminar cualquier tipo de colaboración con las autoridades y asegurar el dominio total de los pabellones, facilitando el ingreso de armas, drogas y la planificación de extorsiones. El crimen en Sucumbíos, y ahora la fosa común en Loja, demuestran que la amenaza se ha extendido más allá de los muros de las cárceles, afectando la vida de los funcionarios en sus propios hogares y comunidades.
Organismos internacionales de Derechos Humanos han alzado la voz, pidiendo al Estado ecuatoriano una investigación profunda que no solo identifique a los autores materiales, sino a las estructuras de mando que ordenan estos actos de terror. La violencia carcelaria no es solo un problema de seguridad interna, es una falla sistémica que socava la paz social en todo el territorio. La captura y enjuiciamiento de los responsables de estos atroces crímenes es un paso fundamental para recuperar la confianza de los ecuatorianos y garantizar que la vida de los servidores públicos sea respetada. El país espera una respuesta clara y urgente que ponga fin a esta ola de sangre.
