La investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio dio un giro trascendental esta semana, cuando la Fiscalía General del Estado señaló públicamente a los presuntos autores intelectuales detrás del crimen que conmocionó al país en agosto de 2023. Entre los acusados se encuentran dos exasambleístas, José Serrano y Ronny Aleaga, así como los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, todos personajes que ya habían sido vinculados a tramas de corrupción y crimen organizado.

Un crimen político con ramificaciones criminales

Villavicencio, conocido por sus denuncias contra la corrupción y el narcotráfico, fue asesinado a balazos en Quito mientras salía de un mitin político, apenas días antes de las elecciones presidenciales. Desde entonces, la investigación había apuntado a la participación de la banda criminal Los Lobos, pero no se había identificado con claridad a los responsables de planificar y financiar el ataque.

La Fiscalía ahora sostiene que Xavier Jordán habría financiado la operación, mientras que Ronny Aleaga, exlegislador del correísmo, actuaba como nexo entre las estructuras políticas y el crimen organizado. En cuanto a José Serrano, expresidente de la Asamblea Nacional y exministro del Interior, se lo acusa de haber proporcionado información sensible desde sus contactos en la Policía. Finalmente, Daniel Salcedo, quien ya cumple condena por corrupción y fraude hospitalario, habría coordinado con los sicarios para la ejecución.

Medidas cautelares y reacción judicial

La jueza a cargo del caso ordenó prisión preventiva para Aleaga y Salcedo, mientras que Jordán y Serrano, actualmente en Estados Unidos, deberán presentarse periódicamente ante autoridades consulares ecuatorianas. La magistrada cuestionó, no obstante, la solidez de algunas pruebas presentadas por la Fiscalía, lo que abre un debate sobre la consistencia del proceso judicial.

Las hijas de Villavicencio denunciaron amenazas y solicitaron protección, la cual fue concedida de inmediato. “Nuestra familia ha sido perseguida desde antes del asesinato de mi padre. Hoy más que nunca exigimos justicia”, expresó Verónica Villavicencio en una declaración pública.

Contexto político y social

El señalamiento de figuras de alto perfil político y empresarial reaviva la tensión en la escena nacional. Para muchos, este caso revela la profunda infiltración del crimen organizado en la política ecuatoriana, mientras que otros advierten que el proceso podría politizarse, especialmente en un momento de polarización entre el Gobierno y la oposición.

El presidente Daniel Noboa expresó que el asesinato de Villavicencio “no puede quedar impune” y reiteró su compromiso con la lucha contra las mafias criminales. Sin embargo, opositores cuestionan la independencia de la Fiscalía y alertan sobre el riesgo de que se utilice el caso con fines políticos.

Implicaciones internacionales

El hecho de que dos de los acusados se encuentren en Estados Unidos podría derivar en un proceso de extradición complejo, que dependerá de la cooperación bilateral. Además, la designación de bandas ecuatorianas como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Washington añade un elemento de presión sobre el manejo de este caso.

El asesinato de Villavicencio, más de dos años después, sigue siendo un símbolo de la violencia que sacude al país. La identificación de los presuntos autores intelectuales podría marcar un paso hacia la justicia, aunque la ruta judicial promete ser larga y altamente controversial.