Quito, 15 de septiembre del 2025.
Recursos del diésel se orientarán a proyectos productivos y asistencia social, anuncia el Ejecutivo.
El Gobierno nacional confirmó la decisión de redirigir los recursos provenientes del subsidio al diésel hacia áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del país: programas sociales, proyectos productivos y el fortalecimiento del transporte público. Con esta medida, el Ejecutivo busca asegurar que el dinero invertido tenga un impacto más directo y sostenible en la población.
El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que la eliminación parcial del subsidio generará un ahorro significativo en el gasto público, lo cual permitirá destinar fondos a políticas de asistencia social para los sectores más vulnerables. Entre las iniciativas que recibirán financiamiento se incluyen proyectos de salud, educación, vivienda y programas de apoyo alimentario, con el propósito de atender de forma más eficiente a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema.
En el ámbito productivo, los recursos se orientarán hacia iniciativas que promuevan el empleo, la innovación y la competitividad nacional, especialmente en sectores estratégicos como la agricultura y las pequeñas y medianas empresas (pymes). El objetivo, señalaron las autoridades, es dinamizar la economía y brindar oportunidades de crecimiento a emprendedores y trabajadores.
Uno de los ejes más relevantes es el fortalecimiento del transporte público, que se considera fundamental para mitigar los efectos del retiro parcial del subsidio al diésel. Según el Ministerio de Transporte, se prevé financiar la modernización de la flota vehicular, promover el uso de tecnologías más limpias y mejorar la calidad del servicio. De esta manera, se pretende evitar que los usuarios finales carguen con el peso del ajuste en el corto plazo.
El presidente resaltó que esta decisión se enmarca dentro de un plan integral de sostenibilidad fiscal, cuyo propósito es equilibrar las cuentas públicas y, al mismo tiempo, atender necesidades sociales urgentes. “No se trata de retirar un beneficio, sino de redistribuir los recursos de manera más justa y eficiente”, indicó.
A pesar de las justificaciones oficiales, la medida ha generado debate. Algunos sectores temen un incremento en los costos de producción y en el precio del transporte privado, mientras que otros destacan la importancia de transparentar el gasto público y asegurar que los subsidios lleguen a quienes realmente lo necesitan. Organizaciones sociales han pedido establecer mecanismos de control que garanticen que los recursos se destinen efectivamente a los programas anunciados.
Con este cambio, el Gobierno abre un nuevo capítulo en la política de subsidios, apostando por un modelo que priorice la inversión en desarrollo humano y productividad, en lugar de mantener subsidios generalizados que, según los expertos, suelen beneficiar de manera desigual a la población.
