La violencia criminal en Ecuador alcanzó niveles alarmantes en 2025. Según un informe presentado en agosto, entre enero y julio se registraron 5.268 homicidios, lo que representa un incremento del 40,36 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra convierte al país en uno de los más violentos de la región y refleja la intensidad de la guerra entre bandas vinculadas al narcotráfico.

Un récord negativo

Las estadísticas marcan la cifra más alta en una ventana de siete meses durante la última década. De acuerdo con los datos, la mayoría de las víctimas tenían entre 25 y 34 años, y en más del 70 % de los casos el arma utilizada fue un arma de fuego. La violencia no se limita a grandes ciudades: provincias costeras como Guayas, Esmeraldas y Manabí concentran el mayor número de muertes, muchas de ellas vinculadas a disputas por el control de puertos estratégicos para la salida de droga hacia Estados Unidos y Europa.

Factores detrás de la crisis

Analistas coinciden en que el aumento responde a una combinación de factores: la expansión de las bandas Los Lobos, Los Choneros y Tiguerones, la disputa con carteles internacionales por rutas de narcotráfico y la incapacidad del sistema penitenciario para controlar las cárceles, que se han convertido en centros de operaciones criminales.

El Estado ecuatoriano ha intentado responder con medidas excepcionales. Durante este año, el presidente Noboa ha declarado varios estados de excepción, desplegando a las Fuerzas Armadas en calles y prisiones. Sin embargo, las cifras sugieren que los homicidios continúan en aumento pese a la presencia militar.

Consecuencias sociales y económicas

La ola de violencia ha generado un clima de temor generalizado. Comerciantes reportan pérdidas debido a las “vacunas” o extorsiones, mientras que las familias viven bajo la amenaza de balaceras y secuestros. En ciudades como Guayaquil, barrios enteros han visto restringida su movilidad por el control de grupos armados.

En el plano económico, la percepción de inseguridad ha impactado en sectores como el turismo y la inversión extranjera. Varios países han emitido alertas de viaje hacia Ecuador, lo que agrava la crisis económica de regiones que dependen del arribo de visitantes internacionales.

Respuesta oficial y críticas

El Gobierno insiste en que las cifras responden a una guerra frontal contra el narcotráfico que “puede generar picos de violencia antes de estabilizarse”. No obstante, expertos en seguridad critican la excesiva dependencia de la militarización y reclaman políticas de prevención, programas sociales y un fortalecimiento real de la Policía Nacional.

Organismos de derechos humanos han alertado también sobre el riesgo de abusos en los operativos militares y el impacto de la violencia en jóvenes y mujeres. En particular, preocupa el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de las bandas.

Un desafío nacional

El aumento de homicidios plantea el mayor reto de seguridad en la historia reciente del Ecuador. La población demanda respuestas efectivas, mientras que el Gobierno intenta equilibrar entre la presión internacional, el apoyo de Estados Unidos y la urgencia de recuperar la paz en las calles.

El panorama refleja un país atrapado en la encrucijada entre la violencia del narcotráfico y la necesidad de construir políticas sostenibles que garanticen seguridad sin sacrificar derechos.