La violencia carcelaria volvió a sacudir al Ecuador este 25 de septiembre de 2025, cuando un motín registrado en el Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas dejó un saldo preliminar de 17 personas fallecidas y decenas de heridos. Este nuevo estallido dentro del sistema penitenciario del país refleja la persistente crisis de seguridad que desde hace más de cuatro años golpea a las cárceles, convertidas en escenario de disputas entre bandas del crimen organizado.
Una historia que se repite
Según reportes oficiales del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), los hechos iniciaron en la madrugada, cuando internos de pabellones rivales iniciaron enfrentamientos armados. Testigos señalaron que se escucharon ráfagas de fusil y detonaciones, lo que evidencia la facilidad con la que las bandas acceden a armas de grueso calibre dentro de los recintos.
El saldo inicial fue de 17 muertos, aunque fuentes extraoficiales mencionan que la cifra podría aumentar debido a la gravedad de algunos heridos. Los familiares de los internos se agolparon en los exteriores de la cárcel buscando información, pero denunciaron la falta de respuestas claras y temen que existan más víctimas.
Causas del motín
Expertos en temas de seguridad señalan que las cárceles ecuatorianas se han convertido en centros de poder para las organizaciones criminales. Desde estos lugares se articulan extorsiones, secuestros, tráfico de drogas y asesinatos, lo que ha generado disputas internas por el control de los pabellones.
En el caso específico de Esmeraldas, provincia fronteriza y con alta presencia de grupos vinculados al narcotráfico, se cree que el motín fue producto de un ajuste de cuentas entre facciones rivales. La Fiscalía ya inició una investigación para determinar responsabilidades, pero las autoridades reconocen que la situación supera su capacidad de control.
Respuesta del Gobierno
El presidente Daniel Noboa, a través de un comunicado, expresó su pesar por la tragedia y aseguró que se reforzará el control militar en los alrededores del penal. El Ministerio del Interior, por su parte, ordenó el traslado inmediato de reos considerados de “alta peligrosidad” hacia otras cárceles de máxima seguridad.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos criticaron la respuesta oficial, argumentando que se trata de medidas reactivas y no de una política estructural. “No basta con mover internos o militarizar. El problema es más profundo: corrupción interna, hacinamiento y abandono estatal”, señaló la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU).
Repercusiones sociales
La violencia carcelaria ha dejado más de 500 muertos en Ecuador desde 2021, según cifras de la prensa nacional. Estos hechos han generado un clima de miedo en la población, que percibe un Estado incapaz de recuperar el control de los recintos penitenciarios.
Familiares de los fallecidos reclaman justicia y cuestionan cómo ingresan armas, drogas y teléfonos a los pabellones, evidenciando complicidad de guías y personal administrativo. “Esto es un cementerio, no una cárcel. Ya no sabemos si nuestros familiares van a salir vivos”, gritó entre lágrimas una madre que aguardaba afuera del penal.
Un reflejo de la crisis nacional
El motín en Esmeraldas no es un hecho aislado: forma parte de un patrón de violencia que también se refleja en las calles, con asesinatos, extorsiones y atentados que han convertido al Ecuador en uno de los países más inseguros de la región. La conexión entre cárceles y crimen organizado es clara, y mientras no exista una reforma integral del sistema penitenciario, los motines seguirán siendo titulares frecuentes.
El desafío es enorme: invertir en infraestructura, capacitar al personal penitenciario, cortar los vínculos de corrupción y ofrecer programas de rehabilitación real. De lo contrario, cada motín será una tragedia anunciada, y las cárceles continuarán siendo escenarios de muerte y desesperanza.
