El sistema de cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador enfrenta un desafío sin precedentes tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Integridad Pública. Esta norma obliga a las cooperativas consideradas “de riesgo sistémico” a transformarse en sociedades anónimas y someterse a una regulación más estricta por parte de la Superintendencia de Bancos.

La medida ha sido recibida con preocupación por los actores del sector cooperativo, quienes consideran que pone en peligro los principios de solidaridad, autogestión y democracia participativa que caracterizan al modelo. Además, advierten que podría afectar especialmente a las cooperativas pequeñas y rurales, que no cuentan con los recursos para adaptarse a la nueva estructura legal.

El gobierno argumenta que la ley busca garantizar la transparencia y evitar fraudes, como los ocurridos en años anteriores. Sin embargo, los críticos temen una “bancarización forzada” del sistema, que podría favorecer a grandes entidades financieras en detrimento de las economías populares.

Distintos gremios ya han convocado marchas y acciones legales para pedir la derogación parcial de la ley o su reforma, mientras la ciudadanía espera claridad sobre los efectos concretos que tendrá en sus ahorros y servicios financieros comunitarios.