Ecuador vive desde hace cuatro días una nueva jornada de tensión social marcada por el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otros sectores sociales. Los bloqueos en las carreteras principales han generado una crisis de abastecimiento en distintas provincias, especialmente en la Sierra norte y en la Amazonía, donde camiones cisterna, vehículos de carga y transportes de alimentos no han podido llegar a su destino.
Este paro, que comenzó como una protesta contra las políticas económicas del Gobierno de Daniel Noboa, ha escalado rápidamente, mostrando el descontento de diversos sectores frente al costo de vida, el alza de combustibles y lo que consideran una falta de diálogo real con las comunidades indígenas y campesinas.
Origen del paro
La CONAIE, liderada por Leonidas Iza, convocó a la medida después de que el Gobierno anunciara nuevas políticas de ajuste económico, que incluyen la reducción de subsidios a los combustibles y el incremento de tarifas en ciertos servicios públicos. Para el movimiento indígena, estas decisiones afectan directamente a los sectores más vulnerables, que ya enfrentan desempleo y precariedad.
“Estamos en las carreteras porque el Gobierno no escucha. No queremos violencia, queremos que nos respeten como pueblos originarios y que se nos incluya en las decisiones”, afirmó Iza en una rueda de prensa realizada en Cotopaxi, donde se concentran varios manifestantes.
Impacto en las provincias
Los efectos del paro se sienten principalmente en provincias como Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Napo. En Ibarra, por ejemplo, los bloqueos han impedido el ingreso de tanqueros con combustibles, generando largas filas en las gasolineras y preocupación por un posible desabastecimiento.
En la Amazonía, comunidades enteras han quedado aisladas debido al cierre de las vías, lo que afecta la llegada de productos de primera necesidad. Los mercados en ciudades como Ambato y Riobamba reportan un alza de precios en frutas, verduras y carnes, producto de la dificultad para transportar mercadería desde las zonas rurales.
Reacción del Gobierno
El presidente Noboa ha mantenido un discurso firme, asegurando que no permitirá que se paralice al país mediante bloqueos ilegales. “El derecho a protestar existe, pero no el de afectar a millones de ecuatorianos que necesitan trabajar, movilizarse y vivir en paz”, señaló en cadena nacional.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron desplegadas en varios puntos estratégicos para despejar las carreteras. Sin embargo, en algunos lugares la resistencia de los manifestantes ha provocado enfrentamientos que dejaron varios heridos y detenidos.
El Ministerio de Gobierno hizo un llamado al diálogo, aunque puso como condición que los bloqueos cesen antes de sentarse en una mesa de negociación, algo que la CONAIE rechaza.
Posturas divididas en la ciudadanía
La sociedad ecuatoriana se encuentra polarizada frente al paro. Algunos ciudadanos apoyan la medida, al considerarla una forma legítima de presión frente a un gobierno que, según ellos, ha tomado decisiones inconsultas. Otros, en cambio, critican la afectación a la libre movilidad y a la economía popular.
“Entiendo la lucha, pero yo vivo del comercio diario y si no vendo no como. Ya vamos cuatro días sin poder trabajar”, dijo Juan Carlos, un comerciante de Ibarra. Mientras que en Quito, colectivos urbanos realizaron plantones de respaldo a las comunidades indígenas, señalando que “el costo de la crisis no puede caer siempre sobre los más pobres”.
Contexto histórico
No es la primera vez que la CONAIE lidera un paro de esta magnitud. En 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, una protesta similar paralizó el país por más de diez días, dejando un saldo de 11 muertos y más de mil heridos. En 2022, bajo el mandato de Guillermo Lasso, otro levantamiento duró 18 días y obligó al Ejecutivo a retroceder en la eliminación de subsidios.
Estos antecedentes muestran que las movilizaciones indígenas han sido históricamente determinantes en el rumbo político y económico del Ecuador. La situación actual vuelve a poner a prueba la capacidad del Gobierno para manejar el conflicto sin que escale hacia niveles de violencia mayores.
Perspectivas
El paro nacional abre un escenario incierto para los próximos días. Mientras los manifestantes insisten en que no levantarán la medida hasta que se cumplan sus demandas, el Gobierno sostiene que no cederá bajo presión. Organismos internacionales como la ONU y la OEA han hecho llamados al diálogo pacífico, advirtiendo sobre el riesgo de que la conflictividad social se desborde.
La pregunta central es si el Ejecutivo logrará abrir canales de comunicación efectivos con los dirigentes indígenas o si el país volverá a vivir un episodio prolongado de convulsión social que afecte aún más a la golpeada economía nacional.
