El 19 de agosto de 2025, Patricia Ochoa, viuda del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela, denunció públicamente que la Fiscalía habría decidido archivar la investigación por ejecución extrajudicial en el caso de su esposo. El argumento de la institución sería la falta de nuevas pruebas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la seriedad y el compromiso del Estado con el esclarecimiento de un crimen que ha sido señalado como un posible “crimen de Estado”.
Un crimen con más de una década de dudas
Jorge Gabela fue asesinado en diciembre de 2010 en su domicilio, dos años después de denunciar irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv a la empresa india Hindustan Aeronautics Limited (HAL), operación que costó más de 42 millones de dólares al país. Cuatro de esas aeronaves se accidentaron y las restantes quedaron inhabilitadas, lo que generó fuertes críticas contra el gobierno de Rafael Correa y el entonces ministro de Defensa, Javier Ponce.
Aunque la justicia condenó a cinco personas bajo la figura de delincuencia común, peritajes y una investigación legislativa realizada en 2018 concluyeron que el asesinato debía considerarse un “crimen de Estado”. Incluso se recomendó investigar los patrimonios y movimientos financieros de decenas de funcionarios y exfuncionarios.
Denuncia de irregularidades en el proceso judicial
Patricia Ochoa señaló que durante allanamientos a instalaciones de la FAE se hallaron cámaras y grabadoras que nunca fueron retenidas porque la orden judicial solo autorizaba incautar discos duros. También criticó que se ignoraran testimonios y pruebas que, a su criterio, eran fundamentales para esclarecer la verdad.
En sus redes sociales, compartió un documento fechado en 2009 titulado “Plan de trabajo para la vigilancia de actividades del general Jorge Gabela”, como muestra de que existían seguimientos previos a su asesinato.
Intervención de organismos nacionales e internacionales
El caso llegó a la Corte Constitucional, que reconoció la vulneración al derecho a la verdad de los familiares y ordenó repetir un peritaje. El experto argentino Roberto Meza concluyó que no se trataba de un crimen común.
En el ámbito internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también pidió al Estado ecuatoriano información detallada sobre el proceso, advirtiendo la posible violación a los derechos humanos de la víctima y su familia.
Conclusión
El archivo provisional de la investigación reabre heridas y mantiene en la incertidumbre a la familia de Jorge Gabela, que lleva casi 15 años exigiendo justicia. Para Patricia Ochoa y colectivos de derechos humanos, la decisión de la Fiscalía constituye un retroceso en la lucha por la verdad y la transparencia. El caso, lejos de cerrarse, sigue siendo un símbolo de la tensión entre la justicia, la política y los derechos humanos en Ecuador.
