La Casa Blanca advirtió este 25 de septiembre de 2025 que el gobierno de Estados Unidos se enfrenta a un inminente cierre parcial si el Congreso no aprueba a tiempo el presupuesto federal. La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) ordenó a todas las agencias federales elaborar planes de contingencia que incluyen recortes de personal y suspensión de programas clave.
Este escenario, conocido como government shutdown, ocurre cuando no se aprueban fondos para mantener las operaciones públicas. En la historia reciente de EE. UU., los cierres han provocado pérdidas millonarias y un fuerte impacto político para los presidentes en funciones.
La raíz del problema
El conflicto surge de la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso. Mientras la administración de Joe Biden insiste en un presupuesto que prioriza el gasto social, la transición energética y la ayuda a Ucrania, sectores conservadores exigen recortes drásticos en programas federales y rechazan más endeudamiento.
Las negociaciones se han estancado, y la fecha límite para aprobar los fondos está a pocos días. Si no hay un consenso, el gobierno deberá suspender pagos a cientos de miles de empleados públicos y paralizar parcialmente servicios considerados “no esenciales”.
Posibles impactos
Un cierre de gobierno en Estados Unidos tiene repercusiones tanto internas como internacionales.
- Empleados federales: alrededor de 2 millones de trabajadores podrían enfrentar licencias sin sueldo, generando malestar social y presión sobre los congresistas.
- Servicios públicos: oficinas de pasaportes, parques nacionales, cortes migratorias y programas de salud se verían afectados. Solo las operaciones esenciales, como seguridad nacional y emergencias médicas, continuarían activas.
- Economía: el mercado financiero ya muestra señales de nerviosismo, pues un shutdown debilitaría la confianza de inversionistas y podría frenar el crecimiento en un momento de incertidumbre global.
- Relaciones internacionales: el retraso en la aprobación de fondos también impactaría en compromisos externos, como el apoyo económico y militar a Ucrania.
Reacción de la Casa Blanca
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, responsabilizó directamente a la oposición republicana. “La intransigencia política pone en riesgo la estabilidad económica y la seguridad de millones de estadounidenses. El presidente Biden ha mostrado disposición al diálogo, pero no se puede gobernar a punta de amenazas”, señaló.
Biden, por su parte, pidió al Congreso aprobar un presupuesto “responsable y equilibrado” para evitar consecuencias que, según él, afectarían más a las familias trabajadoras que a las élites políticas.
Estrategia republicana
Dentro del Partido Republicano, el ala más conservadora ha endurecido su postura. Liderados por legisladores cercanos al expresidente Donald Trump, han exigido recortes profundos en programas sociales y un giro hacia la austeridad fiscal. Para ellos, un cierre parcial no sería una tragedia, sino un “mal necesario” para frenar el gasto.
Este pulso político busca también debilitar a Biden en vísperas de la campaña presidencial de 2026. “No podemos seguir escribiendo cheques en blanco. Es hora de que el gobierno viva con los recursos que tiene”, declaró Kevin McCarthy, líder republicano en la Cámara de Representantes.
Antecedentes históricos
Los cierres de gobierno no son nuevos en Estados Unidos. En 2018, bajo la administración de Trump, el país vivió el más largo de su historia, que se prolongó por 35 días y dejó pérdidas por más de 11 mil millones de dólares. Antes, en 2013, el gobierno de Barack Obama enfrentó un shutdown de 16 días debido a disputas sobre la reforma de salud.
En todos los casos, los cierres terminaron generando un alto costo político para los responsables, lo que convierte este episodio en un arma de doble filo para ambos partidos.
Expectativa e incertidumbre
A medida que se acerca la fecha límite, aumenta la presión sobre los legisladores. Los sindicatos de empleados públicos han convocado a protestas para exigir la aprobación del presupuesto, mientras que empresarios advierten sobre el riesgo de una desaceleración económica.
El escenario es incierto: un acuerdo de última hora podría evitar el cierre, pero las posiciones en el Congreso siguen muy distantes. Lo cierto es que, si se concreta, el shutdown marcaría un nuevo episodio de parálisis institucional en la democracia más poderosa del mundo.
