Washington D.C., 12 de agosto de 2025 — El presidente Donald Trump ha puesto en marcha una intervención federal sin precedentes en la capital estadounidense: tomó el control de la Policía Metropolitana de Washington D.C. y desplegó 800 efectivos de la Guardia Nacional como parte de una convocatoria de emergencia por "seguridad pública" que podría extenderse por un máximo de 30 días.
La ejecución de estas medidas se fundamenta en la sección 740 de la Home Rule Act, que permite al presidente actuar cuando existen situaciones de emergencia extraordinarias. Trump calificó este día como un “Día de la Liberación” para la ciudad, argumentando que Washington se encontraba bajo una amenaza de violencia “fuera de control”. Además, expresó su intención de que esta intervención pudiera replicarse en otras ciudades como Nueva York, Chicago y Oakland.
La fiscal general Pam Bondi fue designada para supervisar la Policía Metropolitana, mientras que el jefe de la DEA, Terry Cole, fue nombrado comisario interino. También se integraron agentes del FBI y otras agencias federales, quienes apoyarán opérations sin involucrarse directamente en detenciones, respetando en parte las limitaciones del Posse Comitatus Act.
Estos movimientos se produjeron en un contexto en el que las cifras oficiales muestran una fuerte reducción del crimen violento, incluso alcanzando niveles mínimos en 30 años. El Ayuntamiento y el fiscal general de D.C. calificaron la medida como ilegal y una afrenta a la autonomía local, mientras que analistas advirtieron sobre un posible precedente de uso excesivo de fuerzas militares en territorios civiles.
La alcaldesa Muriel Bowser expresó su preocupación y calificó la intervención como "perturbadora", aunque reconoció que el presidente tiene facultades constitucionales dadas las peculiaridades de Washington como distrito federal. Por su parte, la federación local de policía apoyó temporalmente la medida, considerándola un “parche crítico” ante una supuesta escalada del crimen.
En el plano político, varios demócratas —entre ellos Nancy Pelosi y Chuck Schumer— denunciaron que Trump usa esta intervención como una distracción mediática frente a escándalos como los archivos de Epstein, los aranceles controvertidos y la parálisis legislativa del proyecto de ley fiscal. Por otro lado, algunos republicanos destacaron la firmeza del presidente en materia de seguridad, aunque otros expresaron reservas sobre la erosión de la gobernanza local.
Las próximas semanas podrían derivar en enfrentamientos legales en tribunales sobre la constitucionalidad de la medida, similares a los litigios que enfrentó Trump en California cuando desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles sin autorización local
