El presidente Donald Trump ha desatado una tormenta política y judicial al ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades estadounidenses, entre ellas Chicago, Nueva York y Filadelfia. La medida, justificada oficialmente por motivos de “seguridad pública y control migratorio”, ha sido calificada por los gobernadores y alcaldes locales como una “usurpación de competencias” y un “ataque directo al federalismo”.
El despliegue ocurre en un contexto de aumento de la violencia urbana, tensiones raciales y un debate nacional sobre las políticas migratorias. Trump defendió la medida afirmando que “los estados han fracasado en mantener el orden” y que “la intervención federal es un deber cuando la seguridad nacional está en juego”.
Reacciones y controversias
La decisión fue recibida con fuertes críticas. La alcaldesa de Chicago, Lisa Hernández, denunció que “el presidente está utilizando la fuerza militar como herramienta política” y anunció que presentará una demanda ante la Corte Suprema para frenar el despliegue. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo calificó la acción como “una invasión inconstitucional”.
Organizaciones civiles como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) han advertido sobre el peligro de militarizar las ciudades y violar los derechos de los ciudadanos. “Este no es un país bajo ley marcial, sino una democracia”, expresó Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU.
Implicaciones políticas
El movimiento también tiene un claro trasfondo electoral. Con los comicios legislativos de 2026 en el horizonte, Trump busca reforzar su imagen de “presidente fuerte y de ley y orden”. No obstante, críticos aseguran que está utilizando el miedo y el conflicto como estrategia de campaña.
El Congreso, dividido, apenas ha podido reaccionar. Mientras los republicanos respaldan la decisión, los demócratas denuncian que el Ejecutivo está cruzando líneas que ponen en peligro la autonomía de los estados.
Escalada legal y social
La situación se ha vuelto explosiva. En Chicago y Filadelfia se han reportado protestas masivas, y varios gobernadores han solicitado que las tropas regresen a sus bases. Algunos analistas consideran que esta crisis podría desembocar en una histórica confrontación entre la Casa Blanca y los estados, con implicaciones constitucionales de largo alcance.
El profesor de Derecho Constitucional Laurence Tribe comentó que “si los tribunales no intervienen, el equilibrio de poder entre estados y nación podría alterarse de manera irreversible”.
