La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado un plazo de tres meses al Estado ecuatoriano para presentar una justificación formal sobre la destitución del expresidente Abdalá Bucaram, ocurrida en 1997. En caso de que Ecuador no logre sustentar legalmente la decisión del entonces Congreso Nacional, el país podría enfrentar el pago de hasta $200 millones como indemnización.
Bucaram, quien gobernó desde agosto de 1996 hasta febrero de 1997, fue removido bajo el argumento de “incapacidad mental” para gobernar, en medio de una grave crisis política y económica. La demanda ante la CIDH fue presentada en 2015, alegando violaciones a sus derechos políticos y exigiendo no solo el pago millonario, sino también sanciones para los legisladores que votaron por su salida.
Un historial marcado por polémicas
Conocido como “El Loco que Ama”, Bucaram es una figura política que ha estado envuelta en múltiples controversias, desde acusaciones de corrupción y nepotismo hasta un estilo de gobierno cuestionado por su carácter autoritario y errático. Tras su destitución, pasó 20 años exiliado en Panamá, país al que también había recurrido en dos ocasiones anteriores para evitar procesos judiciales.
Procesos judiciales recientes
En paralelo a la disputa internacional, Bucaram enfrenta en Ecuador un proceso por presunta delincuencia organizada en el caso PruebasCovid_19AgentesAMT. Según la Fiscalía, entre marzo y junio de 2020, una estructura delictiva habría comercializado ilegalmente pruebas para detectar COVID-19 e insumos médicos, con la presunta participación de Bucaram y su hijo Jacobo. Parte de estos insumos habrían sido almacenados en la vivienda del exmandatario en Guayaquil sin respaldo de facturas ni documentos legales.
Lo que está en juego para el Estado
De confirmarse una violación a los derechos políticos de Bucaram, el fallo de la CIDH podría obligar a Ecuador a pagar una indemnización millonaria que impactaría directamente las arcas públicas. El caso, además, podría sentar un precedente sobre los procesos de destitución presidencial en la región.
Conclusión:
La batalla legal de Abdalá Bucaram contra el Estado ecuatoriano podría convertirse en uno de los litigios más costosos de la historia política del país. El desenlace no solo determinará si el expresidente obtiene una compensación multimillonaria, sino que también pondrá a prueba la solidez jurídica con la que se manejaron las decisiones políticas en los años noventa.
