La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes 12 de agosto de 2025 su preocupación por actos y discursos que, a su criterio, ponen en riesgo la labor independiente de jueces y juezas de la Corte Constitucional de Ecuador. El pronunciamiento se da después de la marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa, en rechazo a la suspensión parcial de artículos de tres polémicas leyes impulsadas por su Gobierno.
Según la CIDH, la manifestación se enmarca en un contexto de campañas de desprestigio contra el tribunal, tanto en redes sociales como en espacios públicos. En la capital, Quito, amanecieron vallas con rostros y nombres de los nueve jueces, acusándolos de “robar la paz” a la ciudadanía. El Gobierno negó ser responsable de estas publicaciones, aunque varios ministros emitieron declaraciones críticas contra la Corte durante la protesta.
Entre las denuncias del organismo, se menciona que la marcha incluyó el traslado de una tanqueta militar al edificio de la Corte Constitucional, lo que consideran un acto de presión. “Estos hostigamientos amenazan la independencia judicial y la seguridad de quienes trabajan en el tribunal”, advirtió la CIDH, resaltando que el sistema democrático depende del respeto a los pesos y contrapesos institucionales.
La postura de la CIDH fue respaldada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Washington Office on Latin America (WOLA), la relatora de la ONU para la Libertad de Asociación, Gina Romero, y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien calificó como “inaceptables” los ataques contra la Corte.
El conflicto se originó luego de que el tribunal suspendiera de forma temporal disposiciones clave de las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, que otorgaban al presidente facultades como indultar anticipadamente a policías y militares, autorizar operaciones encubiertas con identidades falsas y acceder a datos de usuarios de telefonía. Para el Gobierno, estas medidas son esenciales en su estrategia de seguridad, mientras que organizaciones sociales las consideran una amenaza a los derechos humanos y a la privacidad.
Conclusión
La tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional de Ecuador ha escalado a niveles que preocupan a la comunidad internacional. El llamado de la CIDH y otros organismos apunta a que se respeten la independencia judicial y los principios democráticos, evitando cualquier forma de intimidación que pueda socavar el equilibrio de poderes en el país.
