El gobierno del presidente Daniel Noboa volvió a poner en el centro de la discusión nacional la consulta popular prevista para el 30 de noviembre de 2025. En esta ocasión, el Ejecutivo remitió a la Corte Constitucional un nuevo paquete con siete preguntas adicionales, que se suman a las ya planteadas en semanas anteriores. La intención del Gobierno es ampliar el alcance del referéndum y reforzar la idea de que la ciudadanía debe tener la última palabra sobre temas que, según Noboa, han sido “bloqueados por la política y la burocracia”.
Entre las preguntas presentadas destacan aquellas relacionadas con seguridad y justicia, que incluyen la posibilidad de endurecer las penas contra delitos vinculados al narcotráfico, autorizar a las Fuerzas Armadas a participar de manera más activa en operaciones internas, y reformar la estructura judicial para agilizar los procesos. El Gobierno sostiene que estas reformas son esenciales para consolidar la lucha contra el crimen organizado y garantizar un sistema judicial más eficiente.
Otras interrogantes buscan incidir en el ámbito económico y social, como la reducción de trámites burocráticos para la inversión extranjera, incentivos para la generación de empleo juvenil y mecanismos de transparencia en la contratación pública. De acuerdo con el Ejecutivo, estas medidas permitirán acelerar la reactivación económica tras la crisis generada por la violencia y la inseguridad que han golpeado duramente sectores como el turismo y el comercio.
El envío de este nuevo paquete a la Corte Constitucional se produjo justo horas antes de la “Marcha por la Paz y la Justicia” en Guayaquil, lo que ha generado interpretaciones políticas. Varios analistas señalan que el presidente busca capitalizar el respaldo ciudadano que se evidenció en la movilización para dar fuerza a la consulta popular, en la que el oficialismo espera un masivo “Sí”.
No obstante, los sectores críticos advierten que estas preguntas no han pasado por un proceso de diálogo amplio y que muchas de las propuestas podrían centralizar excesivamente el poder en el Ejecutivo. La Conaie y otros grupos opositores ya anunciaron que impulsarán una campaña por el “No”, argumentando que no se debe dar “cheque en blanco” al presidente.
La Corte Constitucional, por su parte, deberá revisar la constitucionalidad de cada pregunta antes de autorizar su inclusión en la papeleta. Se espera que el proceso de revisión se extienda varias semanas, lo que podría generar tensiones políticas entre el Ejecutivo y el máximo órgano de control constitucional.
En este escenario, la consulta popular no solo será un ejercicio de democracia directa, sino también un plebiscito sobre la gestión de Noboa. Para el Gobierno, lograr la aprobación de las preguntas significaría consolidar su agenda política y fortalecer su legitimidad frente a las instituciones que considera obstáculos. Para la oposición, en cambio, la consulta representa la oportunidad de frenar lo que califican como un proyecto personalista.
De aquí a noviembre, el país vivirá una intensa campaña donde se confrontarán las narrativas de la seguridad, la reactivación económica y la institucionalidad. Ecuador, nuevamente, se encuentra en la antesala de una decisión ciudadana que puede marcar el rumbo de los próximos años.
