La Corte Constitucional (CC) emitió este domingo 28 de septiembre de 2025 un fallo clave para el futuro político inmediato del Ecuador. Tras varias semanas de debate, el máximo órgano de control constitucional resolvió anular las leyes de “Solidaridad” e “Integridad Pública” y, además, aprobar parcialmente las preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa para la Consulta Popular, prevista para finales de este año. La decisión marca un nuevo episodio en la disputa entre el Ejecutivo, el Legislativo y la justicia constitucional, con implicaciones que van desde el manejo económico hasta la gobernabilidad.
La decisión de la Corte
La Corte Constitucional analizó un paquete de 12 preguntas enviadas por el Ejecutivo para someterlas a la ciudadanía. Tras su revisión, el organismo aprobó solo una parte, descartando aquellas que consideró ambiguas o contrarias a la Carta Magna. Entre las aceptadas están temas vinculados a la seguridad, lucha contra el narcotráfico y reformas en la administración de justicia, mientras que las relacionadas con materia tributaria y de reestructuración institucional fueron rechazadas.
De igual manera, la Corte resolvió derogar las leyes de Solidaridad e Integridad Pública, impulsadas por el oficialismo, al considerar que no cumplían con los parámetros constitucionales y vulneraban principios de legalidad. Estas leyes habían sido cuestionadas por gremios y juristas, quienes las catalogaban como instrumentos de control político más que de beneficio ciudadano.
El trasfondo político
El presidente Daniel Noboa defendía la Consulta Popular como una herramienta para legitimar reformas necesarias en seguridad y economía, argumentando que el país no podía esperar a la lentitud del trámite legislativo en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la decisión de la Corte limita el alcance del referéndum y obliga al Gobierno a redefinir su estrategia de comunicación y movilización de apoyo ciudadano.
Desde Carondelet, se emitió un comunicado en el que el Ejecutivo aceptó el fallo pero lo calificó como un “golpe a la voluntad popular”. El presidente Noboa sostuvo que la Corte “actúa bajo presiones políticas” y que seguirá adelante con el proceso, aunque con un paquete reducido de preguntas.
Reacciones de la oposición y sociedad civil
Los partidos de oposición celebraron la decisión de la Corte, señalando que se evita un “cheque en blanco” para el Gobierno. “La CC ha frenado un intento de manipulación política. No podemos permitir que se usen las consultas como herramientas para concentrar poder”, afirmó un asambleísta del bloque opositor.
Por su parte, organizaciones sociales y gremios profesionales pidieron que se transparente el contenido de las preguntas aprobadas y que la ciudadanía sea informada de manera clara antes de la convocatoria oficial. “La participación democrática exige información veraz. La gente debe saber exactamente qué va a decidir en las urnas”, señaló un vocero del Colegio de Abogados de Pichincha.
El impacto en la gobernabilidad
Analistas políticos coinciden en que el fallo de la Corte debilita parcialmente la estrategia de Noboa de consolidar respaldo popular. Una Consulta Popular amplia y contundente podía servirle para fortalecer su liderazgo y contrarrestar las presiones legislativas, pero con un cuestionario reducido, el impacto político será limitado.
Sin embargo, otros expertos sostienen que incluso un referéndum parcial puede convertirse en una oportunidad para que el Ejecutivo enfoque su narrativa en temas de alta sensibilidad social como la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, donde existe consenso ciudadano. El desafío estará en lograr una campaña clara, evitar la politización extrema y garantizar la transparencia del proceso.
Un precedente institucional
La decisión de la Corte Constitucional también marca un precedente importante: reafirma su rol como árbitro de los límites del poder político. En un contexto donde la tensión entre poderes es constante, el fallo envía un mensaje de independencia judicial, aunque también abre la puerta a nuevas confrontaciones con el Ejecutivo.
Lo que queda claro es que la Consulta Popular, lejos de ser un mecanismo meramente técnico, se ha convertido en un campo de batalla político que definirá el rumbo del Ecuador en los próximos meses. La ciudadanía, una vez más, será llamada a las urnas en un clima de incertidumbre y polarización.
