El Ecuador atraviesa un nuevo episodio de tensión institucional luego de que la Corte Constitucional (CCE) suspendiera el decreto ejecutivo emitido por el presidente Daniel Noboa para convocar una Asamblea Constituyente. La decisión, adoptada con mayoría de votos, representa un golpe político para el gobierno y abre un debate sobre los límites del poder presidencial y la independencia judicial.
La resolución llega en un momento en que el país enfrenta una crisis social, económica y de seguridad, con protestas masivas en las calles y un creciente desgaste del Ejecutivo.
⚖️ El fallo: una medida que frena la iniciativa presidencial
La sentencia de la Corte Constitucional sostiene que el decreto de Noboa “carece de sustento jurídico y no cumple con los procedimientos establecidos en la Constitución”. El documento oficial argumenta que el presidente no tiene la facultad directa para convocar a una Asamblea Constituyente, pues dicha decisión solo puede darse mediante un referéndum nacional solicitado por el propio Ejecutivo o la ciudadanía, previa aprobación del órgano constitucional.
En palabras de la jueza Teresa Nuques, quien redactó la ponencia, “ningún decreto puede reemplazar la voluntad popular ni saltarse los mecanismos de control constitucional”.
El fallo deja en suspenso la posibilidad de iniciar un proceso constituyente, mientras la Corte estudia si la iniciativa vulnera principios de legalidad, proporcionalidad y separación de poderes.
El presidente Noboa había justificado su propuesta como una vía para “reconstruir el Estado” y “darle al país una Constitución moderna que permita combatir la corrupción, el narcotráfico y la burocracia”. Sin embargo, la Corte recordó que las reformas profundas deben pasar por la voluntad popular, no por un decreto ejecutivo.
🧩 Un golpe político en medio de una crisis nacional
La suspensión del decreto representa un duro golpe político para Noboa, quien buscaba proyectar liderazgo y decisión en medio de las protestas nacionales. El mandatario había presentado la Asamblea Constituyente como una herramienta para “romper la inercia de la vieja política” y reformar las instituciones judiciales y de seguridad, que considera “ineficientes y corruptas”.
La decisión judicial, sin embargo, refuerza la percepción de que el presidente está aislado políticamente y sin mayor respaldo legislativo. La Asamblea Nacional —donde Noboa no cuenta con mayoría— ya había expresado su rechazo a la idea de una Constituyente por considerarla “innecesaria y riesgosa”.
Desde Carondelet, el mandatario reaccionó con un mensaje enérgico:
“Seguiremos trabajando aunque se resistan al cambio. No dejaremos que los intereses políticos impidan las transformaciones que el Ecuador necesita.”
Sin embargo, su declaración fue interpretada por la oposición como un desafío abierto a la institucionalidad, lo que podría agravar la tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial.
⚔️ Reacciones políticas y sociales
Las reacciones no se hicieron esperar. El movimiento indígena, los sindicatos y las universidades celebraron la decisión de la Corte, mientras los sectores oficialistas la calificaron de “obstáculo para el progreso”. El expresidente Rafael Correa, desde el exilio, afirmó que “Noboa repite los errores del pasado: gobernar por decreto y sin legitimidad social”.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil y observatorios democráticos han expresado su preocupación por el tono confrontativo entre los poderes del Estado. Según el analista político Carlos Espinosa, “Ecuador vive una fragmentación institucional peligrosa: el Ejecutivo busca gobernar sin contrapesos, mientras la justicia y la Asamblea responden con resistencia jurídica y política”.
🧱 El trasfondo jurídico
La Constitución de 2008, redactada durante el gobierno de Rafael Correa, establece en su artículo 444 que solo una consulta popular puede autorizar la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Este proceso debe ser validado previamente por la Corte Constitucional, lo cual Noboa omitió al emitir su decreto.
Por tanto, el fallo de la Corte no solo detiene la medida, sino que marca un precedente jurídico que limita el uso del poder ejecutivo para alterar la estructura del Estado sin un mandato ciudadano directo.
La decisión también refuerza el rol de la Corte como árbitro constitucional, una figura clave en el equilibrio de poderes, especialmente en contextos de crisis política.
🔮 Consecuencias y posibles escenarios
La suspensión del decreto deja al gobierno en una posición frágil. Sin una reforma estructural, Noboa deberá buscar acuerdos con la Asamblea Nacional para impulsar sus proyectos de ley, especialmente en materia de seguridad y economía.
A nivel político, esta derrota puede tener repercusiones en la popularidad presidencial y en la estabilidad del gabinete, que enfrenta críticas por el manejo de las protestas y por tensiones internas con la Vicepresidencia.
Sin embargo, Noboa aún conserva un importante respaldo ciudadano en los sectores urbanos y empresariales, que ven en él a un líder joven decidido a romper con la vieja política. El desafío será mantener ese apoyo sin erosionar el marco democrático.
El fallo de la Corte Constitucional no solo frena una iniciativa política, sino que reafirma los límites del poder en un país que ha vivido múltiples crisis de gobernabilidad.
