La crisis carcelaria en Ecuador volvió a evidenciarse este 11 de septiembre de 2025 con el hallazgo de cuatro reos muertos en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y conflictiva del país. Los cuerpos fueron encontrados durante un operativo de control rutinario en los pabellones, según confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
Los primeros reportes indican que los internos presentaban heridas de arma blanca y signos de violencia extrema, lo que hace presumir que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas rivales. La Fiscalía abrió una investigación para determinar las circunstancias del hecho, mientras que equipos forenses realizaron el levantamiento de los cadáveres bajo estrictas medidas de seguridad.
La noticia generó alarma entre los familiares de los reclusos, que se agolparon en los exteriores del centro penitenciario en busca de información. Muchos denunciaron la falta de comunicación oficial y el temor constante a que sus parientes estén en riesgo. “Cada semana hay muertos, ya no sabemos qué hacer”, declaró entre lágrimas una mujer que esperaba noticias de su hermano.
Este nuevo episodio se suma a una larga lista de hechos violentos en la Penitenciaría del Litoral, que en los últimos años ha sido escenario de masacres, motines e incendios provocados por disputas entre grupos delictivos como Los Choneros, Los Lobos y Tiguerones. A pesar de los operativos militares y policiales desplegados, los expertos coinciden en que el control real sigue en manos de las bandas.
El presidente Noboa, en medio de la marcha que lideraba en Guayaquil, no dejó pasar el tema y declaró que “la violencia carcelaria es reflejo de la podredumbre del sistema judicial y penitenciario”. Anunció que en las próximas semanas se intensificarán las requisas, el traslado de internos de alto riesgo y la implementación de tecnología de control, como inhibidores de señal y sistemas de vigilancia con drones.
Organismos de derechos humanos volvieron a pronunciarse, señalando que el Estado ha incumplido con su deber de garantizar la vida de las personas privadas de libertad. Amnistía Internacional calificó la situación de “crisis humanitaria” y pidió un plan integral que vaya más allá de medidas represivas.
La violencia carcelaria no solo impacta a los internos, sino que también mantiene en zozobra a las comunidades aledañas, que viven con el miedo de posibles fugas o enfrentamientos. El sistema penitenciario ecuatoriano sigue siendo un polvorín difícil de controlar, y los últimos hechos muestran que el camino hacia la pacificación es aún largo y complejo.
