En un hecho que pone en tela de juicio los controles fronterizos de Ecuador, un preso colombiano recientemente deportado fue detenido el 6 de agosto de 2025 en el Centro Histórico de Quito, a escasos metros del Palacio de Carondelet. Lo más alarmante es que este individuo había sido expulsado del país el pasado 26 de julio, con una prohibición de retorno por 40 años.
La detención se produjo durante un operativo de control migratorio, cuando la Policía Nacional verificó que el ciudadano extranjero se encontraba en situación irregular dentro del territorio nacional.
Deportado bajo “libertad administrativa”
Este sujeto formó parte del primer contingente de presos colombianos deportados como parte del plan gubernamental de repatriación de reos extranjeros, una estrategia que el Ejecutivo promocionó como una vía para ahorrar USD 4 millones anuales en costos penitenciarios.
No obstante, las condiciones de su deportación generaron críticas desde el principio, pues se realizó bajo el régimen de libertad administrativa y sin una sentencia firme, en el marco del denominado “conflicto armado interno”.
La Fiscalía ecuatoriana reconoció que al menos uno de los deportados tenía un juicio pendiente por narcotráfico, aunque no ha confirmado si se trata del mismo individuo recapturado.
Protestas diplomáticas y fisuras en el sistema
El caso no solo deja en evidencia la fragilidad del control fronterizo, sino que además agrava las tensiones diplomáticas entre Ecuador y Colombia. La Cancillería colombiana tildó el proceso de “unilateral e inamistoso”, aludiendo a la falta de coordinación y protocolos bilaterales.
A su vez, la Fiscalía de Colombia reveló que solo seis de los deportados tenían antecedentes penales, lo que genera dudas sobre la selección y el debido proceso en estas deportaciones masivas.
Conclusión
La recaptura de un preso deportado apenas 11 días atrás no solo cuestiona la efectividad de la seguridad fronteriza, sino también la solidez legal y operativa del plan de deportaciones. La presión crece sobre el gobierno ecuatoriano para establecer protocolos más rigurosos, coordinados y transparentes, tanto con el sistema judicial interno como con los países vecinos.
